Quienes viven en el sur de Honduras son testigos de que ahí donde el extractivismo llega con la promesa de llevar desarrollo, provoca grietas. Las concesiones del sur son el recordatorio más crudo de que ahí donde el oro sale en camiones, el agua es contaminada y las promesas de consulta previa y licencia ambiental se quedan en papeles que nadie hace cumplir.

Cuando quienes habitan las zonas donde esos recursos son extraídos protestan o se oponen a nuevos proyectos de extracción, empiezan las amenazas y la persecución judicial. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) entre 2015 y 2025, recibió 32 quejas presentadas por personas defensoras del territorio por diferentes modalidades violatorias, entre las que la más frecuente ha sido la amenaza de muerte, según datos a los que tuvo acceso Fuera del Camino.

El Congreso Nacional de la República aprobó en febrero del 2025, la Ley Especial para la Protección de Defensoras y Defensores del Ambiente (Decreto Legislativo que reforma y amplía la ley de 2015). Esta norma incluye explícitamente a los defensores ambientales, obliga al Estado a implementar programas de alerta temprana y prevención en zonas de conflicto socioambiental, promueve el reconocimiento de su labor y busca prevenir riesgos. Incluye a periodistas que cubren temas ambientales. Sin embargo, organizaciones como Contra Corriente y la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio la han calificado de “simulación legislativa” o “compromisos a medias”: no adopta el Acuerdo de Escazú, no resuelve el financiamiento del mecanismo y no crea tribunales ambientales especializados.

El Acuerdo de Escazú (ratificado por Honduras en 2022, pero con implementación lenta) es clave: obliga al Estado a proteger a defensores ambientales, garantizar acceso a información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Incluye medidas específicas contra ataques, investigaciones imparciales y sanciones a violaciones. La CIDH y la ONU lo han invocado en casos hondureños para presionar por cumplimiento.

Sin embargo, de las 20 amenazas de muerte por las que se presentaron quejas ante el CONADEH entre 2015 y 2025, solamente un caso ha sido cerrado.

La realidad ambiental

Choluteca no es un paraíso verde. Es un testimonio de resistencia, donde la naturaleza se dobla, pero no se rompe del todo, donde el sol quema para recordar que la vida aquí se gana gota a gota. El departamento respira un aire caliente y polvoriento, con manglares que susurran contra el golfo y sierras que guardan silencio. Pero bajo esa quietud late la amenaza del cambio. Menos lluvia, más calor, ecosistemas que se desplazan o desaparecen. Choluteca, al final, no es sólo geografía: es un recordatorio de que en el trópico seco la abundancia es ilusión y la sequía, la verdad más antigua.

En la zona sur, donde el sol funde la línea transversal del horizonte y el aire caliente se enrosca en los huesos, la defensa del medio ambiente ha dejado de ser una gesta romántica para convertirse en un expediente judicial de alto calibre.

En el departamento de Valle, los casos de judicialización suelen girar en torno a la recuperación de tierras y la defensa de los manglares frente a proyectos extractivos o fotovoltaicos. Criminalización a defensores en zonas como la Península de Zacate Grande quienes han enfrentado décadas de expedientes ensangrentados. Se les acusa de usurpación por defender el acceso a playas.

En departamentos donde la pobreza alcanza al 63 % de la población y el corredor seco estrangula la existencia, la tierra es el único asidero. Sin embargo, para los defensores de la península de Zacate Grande o los pescadores que custodian el mangle y las playas, la ley se ha vuelto una geografía fragmentada.

La judicialización en el sur no es un error de cálculo; es una herramienta de control social. Según datos de la International Land Coalition, más de 120 líderes comunitarios en el sur tenían medidas sustitutivas en 2019. No hay un dato actualizado, pero la medida sigue siendo aplicada a decenas de personas, quienes tiene prohibido salir del país, están obligadas a firmar cada viernes ante un juzgado y, sobre todo, han sido despojadas de su derecho a la protesta.

Defensores del ambiente criminalizados

Así lo confirma Abel Pérez, vecino de la península de Zacate Grande, comunidad Playa Blanca. “Actualmente somos cinco personas criminalizadas, somos los únicos que estamos criminalizados después de que había 117 expedientes de criminalización por el delito de usurpación, actualmente solo habemos cinco en proceso, en audiencia y con solicitudes de audiencia, tres mujeres y dos hombres».

Abel Pérez, María Hernández, Oneyda Cardenas, Jessica Cruz, Santos Hernández y Abel Pérez están acusados por los delitos de usurpación por oponerse a la venta de su territorio, un territorio que consideran «ancestral» porque «ha sido de las comunidades”.

Pero esa situación, no solo se vive en Zacate Grande, también ocurre en Namasigüe, como lo testimonia Darwin Pineda, miembro de la   Plataforma de Comunidades Afectadas por las Industrias Extractivas en el sur de Honduras. Quien asegura que tuvieron 32 personas criminalizadas por la empresa fotovoltaica Scatec Solar y que ahora son solamente nueve: «No, vamos a reconciliarnos con la empresa porque aquí quien nos ha venido a dañar la estabilidad comunitaria ha sido la empresa fotovoltaica Scatec Solar, aquí en Namasigüe. Estamos hablando de don Leonardo Amador, Marlén Pastrana, Don Erasmo Pastrana, Anselma Escobar, Olga Pastrana, Noesis Gómez, Zulema Mendoza, y una persona que tuvo que salir del país porque fue hostigado y que lo amenazaron a muerte, que fue el compañero Félix Pastrana”.

Por su parte, Fidelina Pérez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), confirma que los defensores judicializados en el municipio de Namasigüe son ocho y que llevan siete años yendo a firmar a los juzgados, mientras que el proyecto contra el que protestaron “continúa ahí”. Desde MASSVIDA temen que con el actual gobierno se reactiven las acusaciones. El movimiento considera que las empresas fotovoltaicas dañan el medio ambiente y la vida a su alrededor. Eso ha motivado a MASSVIDA a acompañar a las personas que han sido judicializadas. El 4 de enero pasado se cumplieron 10 años desde las primeras protestas y en diciembre se tuvo una audiencia en la que se esperaba que se le suspendiera la medida de ir cada semana a firmar al juzgado.

Pérez explica: “Pretendíamos que se le suspendiera, para que firmaran una vez al mes. Eso más bien nos afectó porque es más fácil ir de Los Prados a Choluteca que ir de Los Prados a Namasigüe, y los trasladaron para Namasigüe que les queda mucho más difícil. Si van para Choluteca solo abordan un bus y para ir para Namasigüe tienen que abordar tres medios de transporte. Entonces, es más difícil ahora”.

Los diferentes conflictos que se han dado en la zona han dejado a las personas defensoras enfrentado la justicia como lo manifiesta, German Chirinos: “El número de defensores se mantiene, la criminalización sí aumentó un poco en el tema de las luchas por el acceso a la tierra de la zona de El Tulito, también hubo un conflicto por parte de las empresas azucareras. Hay tres o cuatro personas en la cárcel”. Chirinos asegura que la minería continúa generando conflictos y que las autoridades “nunca quisieron tomar decisiones contundentes”.

En el caso de la minería en El Corpus y Nacaome, donde hay declaraciones municipales que la prohíben, la explotación continúa. “Nos hemos reunido con todo mundo para evitar que se siga dando esto, pero no hemos podido encontrar a las autoridades para que se pueda aplicar la normativa”, agrega Chirinos.

En San Marcos de Colón, lo que les preocupa es la deforestación, pues el Instituto de Conservación Forestal (ICF) ha autorizado un plan de manejo o de cosecha a la cooperativa El Jicarito y que se está ejecutando “de manera inmisericorde” en el área protegida La Botija. Tanto eso como las concesiones que tienen que ver con las fotovoltaicas, preocupan a quienes integran MASSVIDA.

Pero la criminalización, no sólo se ha venido dando contra los defensores y defensoras del medio ambiente, sino también contra aquellos que trabajan en las Radios Comunitarias, quienes realizan su misión desde una cabina, pero en articulación con las organizaciones comunitarias. Así lo confirma Amada Ponce, Directora de la organización C – Libre: “La criminalización en contra de las radios comunitarias viene por diferentes razones, casi siempre utilizan acusaciones de delitos como usurpación (…). Las querellas que son los delitos de difamación o los conocidos como delitos contra el honor  son las formas frecuentes de criminalización a medios comunitarios”.

Ponce agrega que hay estigmatización y sanciones administrativas. Estas tienen que ver con la falta de acceso a frecuencias comunitarias en todo el país. “En Honduras hay cerca de 70 radios comunitarias activas”, explica, “pero menos de 20 tienen regularizada su situación ante CONATEL”.

Debido a eso menos del 30 % de las radios comunitarias operan de forma regular ante el Estado y la normativa no ha cambiado, pese a las recomendaciones de la Relatoría Especiales de Libertad de Opinión y Expresión de la ONU para que esta normativa garantice la plena existencia de los medios comunitarios en el país.

“Existe persecución administrativa, estigmatización. Los actores, generalmente locales o municipales, hablan de que estas radios operan de forma irregular pese a que muchas o la mayoría de ellas están reglamentadas por el convenio 169 de la OIT”, recuerda Ponce.

La injusticia que produce la explotación minera

Choluteca y Valle no son solo departamentos; son una geografía fragmentada donde la vida de un estanquero o un pescador se desdibuja ante el poder de las camaroneras y las plantas solares. El delito favorito que esgrime contra ellos el sistema es la usurpación. Bajo ese cargo, líderes comunitarios son observados con un ojo ceñido y el otro incrustado en la redondez de la mira de los tribunales.

El municipio de El Corpus, en el departamento de Choluteca, sur de Honduras, lleva siglos oliendo a oro y a polvo. Desde la época de la colonia se extrae metal precioso de sus cerros. Se extrajo primero con pico y pala, después con rastras y mercurio, y en las últimas décadas con maquinaria que devora montañas enteras. Pero en el 2026 el aire ya no huele solo a riqueza mineral: huele a traición institucional, a agua enferma y a promesas rotas.

En febrero de 2022 la expresidenta Xiomara Castro firmó el decreto que declaraba a todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto. Un anuncio que sonó a trompetazo de júbilo para las comunidades que durante décadas habían visto sus ríos teñirse de cianuro y mercurio. Sin embargo, en El Corpus la maquinaria pesada nunca paró.

La división es visible y dolorosa. Hay familias que dependen directamente de los jornales que paga la empresa o de la minería artesanal que orbita alrededor. Otros, organizados en Comité Municipal de Defensa de la Naturaleza de El Corpus (Comudenc), llevan años en protestas, bloqueos y denuncias formales. En 2025 las manifestaciones se intensificaron; vecinos cerraron accesos, gritaron consignas contra las concesiones y exigieron el cierre definitivo de operaciones que violan el decreto presidencial de 2022. Pero la maquinaria sigue trabajando.

Dolor ante la destrucción

Gissel Baquedano recuerda con nostalgia cómo era el municipio de El Corpus, mientras ella disfrutaba, siendo niña, las maravillas de su tierra: “Somos un pueblo totalmente minero. Fuimos descubiertos en el año de 1585 precisamente cuando se descubre una veta de oro, un jueves de Corpus Christi y encontraron pequeños fragmentos de oro del tamaño del tamarindo y de ahí cuando Cholula fue nombrado Villa de Jerez de la frontera y Mis Reales Tamarindo. Siempre hemos crecido y vivido con la minería”.

Baquedano recuerda que El Corpus era un pueblo tranquilo, sin conflictos. El clima era fresco, a pesar de que es un municipio del sur de Honduras. La zona siempre ha sido caliente, pero El Corpus era un pueblo muy fresco, al igual que San Marcos de Colón.

Pero la tranquilidad en la que nacían, crecían y vivían los vecinos de este pintoresco municipio de El Corpus se vio interrumpida con la minería.

Baquedano, defensora del ambiente, asegura que con el surgimiento de defensores y defensoras del ambiente la empresa Cerros del Sur ha utilizado diferentes estrategias para dividir la población corpeña: “Hay personas que trabajan en la minería artesanal y en la minería industrial.  Hay disputas entre estas personas, ha habido conflictos, porque, aunque son también habitantes del municipio reciben un salario de la empresa minera”.

Según Baquedano, la empresa ha utilizados a quienes se dedican a la minería artesanales en la zona de la Cuculmeca, en la aldea de San Juan Arriba, diciéndoles que quienes se oponen a la empresa minera están en contra total de la minería. “Incluso hubo una manifestación, una marcha el 10 de julio del 2025 convocada por la empresa Cerros del Sur, donde les decían a los artesanales que se tenían que unir porque nosotros queríamos parar la actividad minera dentro de El Corpus Centro”, afirma ella.

En un país donde la pobreza afecta al 64 % de la población (datos oficiales 2023) y la desigualdad medida por el índice de Gini ronda el 0.51, el oro de El Corpus no ha traído prosperidad colectiva. Ha traído fractura social, estrés hídrico que afecta especialmente a las mujeres (quienes cargan con la búsqueda de agua potable cada vez más escasa), y un patrimonio histórico que se hunde centímetro a centímetro.

El templo católico del año 1600 se agrieta. Las casas se inclinan. Los ríos llevan más arsénico que peces. Y mientras tanto, la empresa sigue extrayendo, las autoridades miran para otro lado y el decreto de 2022 parece un papel mojado guardado en algún cajón de Tegucigalpa.

En El Corpus ya no hay más oro que agua, como se solía decir. Ahora hay más silencio que justicia. Y el silencio de los tribunales tiene como respuesta protestas o derrumbes. Ciudadanos corpeños aseguran que ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo.

El Corpus lleva siglos siendo devorado por su propia riqueza. Desde la colonia, cuando los españoles clavaban picos en los cerros hasta este 2026 que huele a diesel quemado y promesas incumplidas, el oro sigue saliendo, pero el agua ya no. Y el decreto que iba a salvarlo todo —ese papel firmado por Xiomara Castro en febrero de 2022 declarando Honduras libre de minería a cielo abierto— según las organizaciones no se ha cumplido.

Un abuso que motivó a protestar

Baquedano recuerda que en octubre de 2024, vio el video que una amiga compartió en una red social. Las imágenes mostraban una casa muy cerca de la suya, donde estaban trabajando las máquinas de la empresa Cerros del Sur. “Era una de las casas más bonitas que había en nuestro pueblo”, dice.

La casa era conocida porque tenía prácticamente un bosque pequeño en toda su propiedad. “Estaba a escasos metros del parque, eso para mí fue impresionante, (…) Esa noche no dormí, lloré y sentí miedo. ¿Por qué? Porque yo sabía de quién era esa casa. Era de una señora que en mi adolescencia, yo vi cómo luchaba en contra de (la empresa) Cerros del Sur”.

En 2006, Dalila Pinel, la dueña de la casa, presentaba denuncias ante los medios escritos de Honduras. Para 2024, decidió vender su casa. Entonces, Baquedano sintió miedo y pensó: “Aquí esta gente ya nadie la va a poder parar», refiriéndose a la empresa Cerros del Sur. Entonces decidió: “Tengo que hacer algo».

Las consecuencias de defender el territorio

Choluteca y Valle no solo sufren sequías y ríos enfermos, también son territorios donde se criminaliza a quienes se atreven a nombrar los problemas que ahí se enfrentan. Los defensores del medio ambiente terminan en los juzgados por el delito de denunciar lo que todos ven, pero pocos dicen en voz alta.

En abril de 2021, siete defensores ambientales fueron criminalizados por alzar la voz contra la contaminación del río Choluteca. Denunciaron descargas de aguas sucias y desperdicios industriales que envenenaban el cauce —el mismo que riega cultivos y da de beber a comunidades enteras—. La respuesta no fue una investigación seria, fue un proceso penal que los convirtió en acusados en lugar de defensores del medio ambiente.

Amada Ponce, de C – Libre, comenta la experiencia que han tenido como organización: “La mayoría de las agresiones documentadas por C-Libre en los últimos años tienen que ver con la presencia de concesiones extractivas: minería, zonas especiales de desarrollo o presencia de grupos criminales”. Según ella, en estos lugares, zonas que deberían ser protegidas por su riqueza natural, es donde suelen estar las radios comunitarias. Estas se caracterizan por depender de la sostenibilidad de sus voluntarios y de sus propias comunidades y enfrentan situaciones graves.

Cándido Gómez, director de la radio comunitaria Estéreo Namasigüe subraya que han procurado aprender qué es la justicia y cómo deber ser impartida: “Después de tantas audiencias nos preguntamos ‘¿qué investigó este Ministerio Público antes de ir a esa audiencia?’”. Gómez asegura que los acusaban de daño al medio ambiente y a la propiedad privada, presentando evidencia de quemas ocurrida en otros lugares del departamento de Valle.

Fidelina Pérez, coordinadora MASSVIDA, comenta sobre esta realidad que viven las personas defensoras del ambiente: “La empresa privada, hablando de minería y fotovoltaicas, viene ofreciendo muchos beneficios para las comunidades y al final nos damos cuenta que todo es falso (…) Lo que queremos es que antes que se instalen que se nos consulte a las comunidades”.

Darwin Pineda, pertenece a la Plataforma de Comunidades Afectadas por las Industrias Extractivas en el sur de Honduras. Esta organización trabaja desde 1999 con los comités de defensa de la naturaleza (CDN) que fueron organizados en la región sur de Choluteca y Valle con apoyo de la pastoral social Cáritas. Pues ya se escuchaba decir que llegarían muchos proyectos extractivos al sur. Los CDN fueron organizados para poder defender el medio ambiente.

En el sur de Honduras, defender el medio ambiente no es un acto de heroísmo sino una necesidad de quienes viven en la zona. Una necesidad que luego es convertida en un delito que se paga con expedientes, audiencias interminables y el peso de la ley. Así lo afirma Pedro Canales, un defensor de la Península de Zacate Grande, en Amapala, departamento de Valle.

Él recuerda que hasta el año 2000, él y sus vecinos vivían una vida tranquila, “normal”, dedicándose a diferentes actividades. Pero todo cambió cuando el club social Coyolito empezó a crecer y vieron cómo esto afectó sus vidas y su trabajo.

“Hoy en día la faena pesquera no es lo suficiente para el sostén diario de la familia, es decir, nadie puede vivir con 5 libras de pescado que saque al día”, asegura. Canales se involucró tanto en la defensa de los recursos naturales de Zacate Grande que las constantes visitas a juzgados y la preocupación por diferentes demandas y acusaciones deterioraron tanto su salud que desarrolló diabetes.

El CONADEH, en su informe de labores 2025, reconoce que “la combinación de concentración territorial; recurrencia de ataques, hostigamiento y detenciones; presencia de hechos letales; y, señalamiento reiterado de actores estatales (principalmente policiales), configura un riesgo estructural para la defensa de derechos en asuntos agrarios, territoriales y ambientales”.

De las 32 quejas presentadas ante el CONADEH entre 2015 y 2025, 2 de cada 3 fueron presentadas entre 2022 y 2025. La situación de vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente parece tender a agravarse. Mientras los llamados de la ONU y organizaciones locales para derogar el decreto 93-2021, que es utilizado para criminalizar a quienes defienden el territorio y los recursos naturales, siguen sin ser atendidos por el gobierno.

Este trabajo fue realizado para la Red Centroamericana de Periodistas, a través de su programa PARIIS 2026, gracias al apoyo de Reporteros Sin Fronteras y la mentoría editorial de Lilian Martínez.