“Tenés una semana para desaparecer o te desaparecemos”. Con esas palabras, enviadas por la pandilla que dominaba la zona cercana al Ministerio de Hacienda, donde había instalado una cafetería después de graduarse como chef, Iris Chávez** salió huyendo de El Salvador en 2016 y compró un boleto de avión que la llevó a Costa Rica, donde ya vivía un familiar. Allá pidió ser reconocida como refugiada y esperó tres meses, sobreviviendo con ayuda de su familia, para recibir el permiso que le permitió empezar a trabajar en distintos locales de comida, ya no como propietaria, sino como empleada.

El año en que Iris llegó al extremo sur de Centroamérica, fue el segundo año más violento en El Salvador desde que se firmó la paz, con una tasa de homicidios de 84 por cada 100,000 habitantes y superado solo por 2015, con una tasa de 106. Esto ocurrió después de que el entonces presidente, Salvador Sánchez Cerén, ordenó implementar lo que llamó “medidas extraordinarias de seguridad” que dieron paso, de forma velada, a una guerra contra las pandillas. Para 2021, la tasa de homicidios se había reducido a 17. Este ya era el tercer año de la presidencia de Nayib Bukele, cuyo gobierno había negociado con las pandillas la reducción de homicidios, según informó el medio digital El Faro, una práctica a la que también recurrieron los antes partidos gobernantes ARENA y FMLN.

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Iris no recibió el estatus de refugiada la primera vez que lo solicitó. Le dijeron que no había motivo para dárselo, porque la situación de inseguridad por la que había salido de El Salvador “ya era diferente”.

Como Costa Rica le negó el refugio, Iris apeló.  Costa Rica le negó el refugio dos veces más, una en 2017 y otra en 2019. Lo que resultó costoso. Entonces, decidió solicitar la residencia temporal. Iris recuerda haber gastado 5,000 dólares aproximadamente, entre el pago de abogados, solicitudes, apelaciones, el envío de documentos apostillados desde El Salvador y el pago de tasas. “Entonces dije: ‘¡Ya suficiente!’. Y me regresé el primero de enero a El Salvador”.

Sobre el tiempo necesario para que una solicitud de residencia temporal sea aprobada o denegada, Diana Alfaro, del área de valoración técnica de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, le dijo a La Astilla que la mayoría de los retrasos en la resolución de una solicitud se debe a que la documentación del trámite no se presenta completa desde un inicio.

Lo que La DGM ha identificado es que las personas buscan regularizarse, pero no han llevado consigo todos los documentos que necesitan para hacerlo. Así que inician la solicitud con los documentos que tienen a la mano, como fotos y pasaporte. Pero no han llevado consigo la partida de nacimiento ni los antecedentes penales apostillados, que deben mandar a tramitar y esperar que les sean enviados desde sus países. “Eso va generando un abismo, digamos, entre la respuesta y el trámite. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se presentan de esta forma”. De esa forma, explicó Alfaro, una solicitud que podría haber sido aprobada termina recibiendo una prevención. Una advertencia de que faltan documentos que presentar. Para eso, el solicitante tiene 10 días como plazo. “Ese trámite posiblemente se rechace y tienen que volver a empezar de cero. Es un fenómeno que la administración a través del ejercicio de su autorregulación ha tratado de cambiar, pero es el común diario de nuestros trámites”, reconoció Alfaro.

“Nunca me sentí en casa”

Iris se rindió ante la tramitología y ante algo más: “Nunca me sentí en casa, nunca me sentí en mi hogar”.

Estuvo 10 años en Costa Rica. Los primeros 3 años, Iris consiguió trabajar en restaurantes donde fue cocinera y ayudante de chef, pero que terminaron siendo cerrados. El lugar “más estable” fue su último trabajo.

Durante 7 años, su jornada laboral empezaba a las 7:00 am y terminaba a las 9:00. Sin vacaciones, sin días libres. “Yo prácticamente no tenía vida, así, literalmente. Y esa era la forma de subsistir, porque si yo no tenía ese horario, no ganaba lo suficiente para sobrevivir”. 

 Ella era la responsable de que todo funcionara en el restaurante. Ni siquiera enferma faltaba al trabajo. “Mi jefe sabía que yo no tenía ni refugio ni residencia”, recuerda, “cuando yo comentaba que estaba cansada de tanto trámite y que pensaba regresar a El Salvador, mi jefe me decía: ‘Usted no puede irse, usted es mía. Sin usted este restaurante ¿cómo va a funcionar?’”.

La cocina de Iris tenía éxito entre los clientes, “el sazón salvadoreño”, asegura, “le gusta a los ticos”. Según Iris, esto se debe a que la comida de Costa Rica tiene influencia caribeña y, en su opinión, puede resultar insípida. “Su comida es el gallo pinto, que es un casamiento (arroz con frijoles)”, recuerda. El sazón que ella le ponía a la comida y el trabajo que hacía administrando el negocio, le consiguió varias ofertas de empleo, que por presiones de su jefe nunca aceptó. 

_{Iris preparaba distintas recetas «con sazón salvadoreño» que tuvieron éxito entre la clientela del restaurante donde trabajó en Costa Rica durante 7 años. Fotos / Cortesía}

Ella llegó a estar tan mal, que de la depresión, pasó un mes sin poder dormir. Cuando sus padres lo supieron le dijeron que se regresara a El Salvador: “Venite, aquí vamos a ver cómo le hacemos, pero venite”.

“Hasta la familia de mi jefe me decía que solo me viniera, que no presentara renuncia, porque si lo hacía, capaz mi jefe iba al aeropuerto a buscarme”, recuerda ella.

Por eso, mientras miles de personas se recuperaban de las consecuencias del desvelo, el baile y la cena de la fiesta para recibir el Año Nuevo, aprovechando que el restaurante estaba cerrado, Iris salió hacia el aeropuerto con su boleto de ida a El Salvador el 1 de enero.

“La verdad es que nunca había dormido como dormí el primer día de regreso aquí. Yo vine el primero de enero a las 11 de la noche. Casi a las 2 de la mañana vine a la casa de mis papás. Despertarme al día siguiente fue una paz indescriptible. Me desperté y con el calor que hacía yo sabía que estaba aquí. ¡Ah, qué rico sentí! Porque allá hacía frío”.

La negativa de refugio para Iris probablemente fue una de las 1,058 solicitudes denegadas en 2016; de las 1,287 denegadas en 2017 y de las 1,064 denegadas en 2019 a salvadoreños. Después de la pandemia (2020 y 2021). Entre 2022 y 2023, el número de solicitudes presentadas, aprobadas y denegadas tendió a ser menor… Hasta el año pasado cuando de 55 en 2024 pasaron a 75 en 2025. Pero esa es otra historia.

“Crecimiento, nostalgia, incertidumbre, soledad”, así define Iris su experiencia en Costa Rica.

Los centroamericanos migran hacia otros países del istmo desde antes de que fueran definidas las fronteras ahora conocidas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Quienes lo hacen, no buscan cambiar de país para luego emigrar a México o Estados Unidos, sino para establecerse en busca de trabajo, cuando no lo han encontrado en su país,  o en busca de refugio, cuando su vida y su libertad han sido amenazadas.

El muro de la desconfianza

En el extremo norte de Centroamérica, en Ciudad de Guatemala, una familia salvadoreña sale cada tres meses hacia El Salvador, no solo para ver a los abuelos, hermanos y sobrinos que viven allá, sino que principalmente para obtener el sello en los pasaportes que les sirven como único documento de identidad válido en un país en el que están a punto de cumplir 10 años de vivir, trabajar, estudiar, pagar impuestos y hacer amigos. Ir y volver es costoso para una familia de cuatro integrantes, dos adultos y dos menores de edad. Por lo que a veces se limitan a ir a la frontera, almorzar pupusas en un punto cercano a esta en El Salvador y regresar.

La familia Ramos* emigró a Guatemala, porque el padre tenía meses sin encontrar trabajo en su país de origen. Desde que emigraron, dependiendo de cuántos días de visa les dieron en la frontera, van a su país los fines de semana o cuando hay algún puente en el calendario civil de Guatemala. De lunes a viernes, su rutina inicia a las 5:00 a.m., cuando Carlos, el padre, saca a pasear Max, el perro que hace unos años encontraron deambulando en el parque del templo de San Francisco El Grande. Un sacerdote de ese templo católico les digo que alguien había dejado abandonado al perro y que, si querían, se lo podían llevar a la casa. Al principio, Carlos no quiso, pero tras la insistencia de sus hijas y al ver que los seguía por las calles empedradas de Antigua Guatemala, se lo llevaron.

Cada mañana, después de tomar café y desayunar algo muy ligero, como “mosh” (avena) o cereal, Carlos lleva a sus hijas al colegio y luego inicia su jornada laboral. Eugenia, la madre, aborda el transporte público hasta la zona 12. Max se queda echado, ladrando de vez en cuando, desde el balcón del apartamento.

“La principal traba que hemos tenido para conseguir la residencia es la falta de un garante”, explica Eugenia (ella y su familia también piden omitir sus nombres). La mayoría del tiempo que llevan en Guatemala, Eugenia se ha quedado trabajando en casa, para estar con sus hijas, mientras que Carlos ha trabajado para diferentes empresas locales que, aunque lo han valorado como profesional, nunca han estado dispuestas a ser garante de Carlos y su familia ante el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

El garante tiene que ser una persona o una empresa guatemalteca que garantice ante el IGM que quien solicita la residencia temporal podrá solventar sus propias necesidades, en caso de quedarse sin trabajo.

Eugenia y Carlos creen que el garante tiene que tener un nivel de ingresos aceptable para el IGM. Este garante puede ser una persona natural o una entidad jurídica, es decir, una empresa. En su caso, ya han pedido a diferentes personas que sean garante. Pero nadie ha estado dispuesto a serlo, pues esto implica presentar un balance general (ingresos y egresos) firmado por un contador ante el IGM.

“Hasta el momento nadie ha querido ser nuestro garante, porque como los ingresos son algo bien privado y, como buscamos garantes que tengan buen nivel económico, cuando les preguntamos si podrían ser nuestro garante, la respuesta es ‘no’, porque no quieren hacer públicos sus datos”, reconoce Eugenia con una mezcla de decepción y comprensión.

En el edificio del Instituto Guatemalteco de Migración, en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, decenas de personas esperan sentadas para entregar los documentos necesarios para solicitar sus residencias temporales o permanentes. Ahí, Sofía Hernández, jefa del Departamento de Residencias de la Subdirección de Extranjería del IGM, reiteró a La Astilla que una persona (natural o jurídica) puede ser garante siempre y cuando “tenga la capacidad económica de poder sostener al residente (temporal)”. El garante también se convierte en “la conexión” entre el IGM y la persona residente. Si el IGM no puede contactar al residente, el garante es el enlace para localizarlo y estar al tanto de su situación.

Sobre la falta de disponibilidad de las empresas para ser garantes ante el IGM, el subdirector de Extranjería, Aaron Argueta, cree que eso se debe a desinformación y a falta de confianza. “Hemos tenido casos en los que hay ciertas empresas que prefieren mejor que (los trabajadores migrantes) no se regulen. Porque entonces los manipulan en ciertas situaciones o a trabajar de más”, añadió.

Empresas grandes y reconocidas en Guatemala como Corporación Multi Inversiones (IMC) y Cementos Progresos son garantes de algunos de sus trabajadores extranjeros ante el IGM. Por lo que Argueta tiene una hipótesis: que las empresas que no han aceptado serlo todavía son pequeñas o medianas, que posiblemente “no estén bien” ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala. “No quiero tampoco decir que en el caso que usted nos plantea así es, pero sí es desconocimiento de los procesos”, aclaró.

Lo que ganan y lo que pierden los migrante irregulares

Vivir en Guatemala sin estatus migratorio, significa que aunque trabaja en una empresa privada muy bien establecida, Carlos no tiene derecho a prestaciones y tampoco acceso a crédito. ¿Y si se enferman? “Que nos atiendan o no en un hospital público, depende de quién esté en la recepción”, reconoce Eugenia: “Cuando nos dio COVID, no nos quisieron hacer la prueba porque no teníamos estatus migratorio regular. Solo teníamos el pasaporte sellado y el papelito de entrada como turistas. Tuvimos que hacernos la prueba en un laboratorio privado”.

Eugenia y Carlos Ramos** emigraron, porque en El Salvador él no tenía trabajo y un conocido le ofreció uno en Guatemala. “No regresamos porque lo que gana Carlos aquí por su trabajo no lo ganaría en El Salvador”, explica ella.

La diferencia en el salario mínimo y el costo de la vida se nota el bolsillo de los migrantes e influye en su decisión de permanecer en un país donde no tienen estatus migratorio regular. El salario mínimo en El Salvador, para el sector servicios, es de 408.80 dólares americanos, en Guatemala es de $485.29 y en Costa Rica es de $729.86. Cuando los Ramos emigraron en 2016, el salario mínimo en El Salvador era de $251.70, en Guatemala de $352 y en Costa Rica de $480.

Además de las diferencias en el salario mínimo, Eugenia y Carlos han notado que el dinero les abunda más cuando van a un mercado en Ciudad de Guatemala. “Con 60 dólares aquí ya se come una semana, porque aquí las verduras, las frutas, la comida es más barata en el mercado. Mucho más barata”, subraya ella. “La última semana del mes ya sabemos que vamos solo verduras y fruta, pero no te quedas sin comer, pues; no tenés que endeudarte con tarjeta de crédito ni nada”.

Otra punto que los mantiene en Guatemala es el costo de la vivienda. Actualmente, los ramos pagan $700 por un apartamento que, consideran, no podrían pagar en El Salvador porque allá sería el doble o el triple de alquiler. Su apartamento es pequeño y acogedor, y el edificio donde está tiene vigilancia y parqueo, incluso un área común para el esparcimiento de las familias con televisión, mesa de ping pong, juegos para niños y área para asar carne.

No contar con un estatus migratorio regular, no significa que Carlos no aporte a la economía de Guatemala. Para poder recibir un salario, debe tener un Número de Identificación Tributaria (NIT) ante la SAT. El trabajador debe pagar un impuesto del 5% de sus ingresos. La empresa, por internet, reporta cuánto pagó al empleado. “Si vos no reportás eso que ingresaste ese mes, el siguiente mes ya no podés facturar, te bloquean el NIT y cuando tu jefe te quiere pagar, no puede”, explica Eugenia.

Unos días antes de la Navidad de 2025, Eugenia sintió que se moría. Un insoportable dolor en la parte derecha del abdomen la hizo sudar helado. “Como no teníamos para pagar un hospital privado le dije a Carlos: ‘Llévame a El Salvador’. Porque no me quería arriesgar a ir a un hospital público y que me dijeran que no me podían recibir”. Si no hubiera sido por una amiga de la familia que vive en Estados Unidos, la pareja no habría tenido cómo pagar el hospital privado donde operaron a Eugenia de la apendicitis. Ella cree que sin la ayuda de esa amiga, “y la de Dios”, estaría muerta.

Informado sobre el caso de esta familia salvadoreña, el subdirector de Extranjería del IGM, Aaron Argueta, pidió que se acerquen a la institución: “Nosotros invitamos a regularizarse. Porque mientras tanto no tengas una residencia, no existes en Guatemala”.

“Creo que donde tenemos que atacar ese fenómeno es en la desinformación y un poquito también la desconfianza”, concluyó. Desde el IGM subrayan que no hay intermediarios en los trámites para obtener la residencia temporal o permanente.

Como Iris, Eugenia y Carlos, cientos o miles de personas nacidas en Centroamérica que buscan en otro país de la región la seguridad, la libertad y el trabajo que en su país de origen no encontraron, sin un estatus migratorio regular, se convierten en blanco fácil de abusos laborales y se ven expuestos, a no tener atención médica en establecimientos públicos.

La migración interna en la región: invisible e ignorada

Abelardo Morales, investigador y profesor universitario, adscrito a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Costa Rica, explicó que la migración interna en Centroamérica no es un fenómeno reciente: “Los movimientos de población entre los pueblos centroamericanos han existido inclusive desde antes de que se constituyeran los estados nacionales. Los movimientos, desplazamientos de personas, los intercambios de población, las redes de familiares, los vínculos familiares y comunitarios existen en este istmo desde antes de que se establecieran las fronteras”.

El paso de personas de un país a otro de la región fue visto siempre como algo natural y cotidiano. Tanto así, que regularizar ese ir y venir de centroamericanos de uno a otro país nunca estuvo en la agenda política. En 1991, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, conocido como CA-4. Desde entonces, es posible para los ciudadanos de los 4 países firmantes viajar sin presentar pasaporte, sino sólo con su documento nacional de identidad. 

Sin embargo, el investigador considera que el CA-4 regularizó el paso de mercancías, pero no la movilidad de personas. En palabras de Morales: “Se ha intentado hacernos creer en Centroamérica, que el tratado de CA-4 facilita la movilidad de personas en Centroamérica y eso es falso. Inclusive a los costarricenses nos acusan de no estar adheridos al CA-4. Pero el CA-4 no es un tratado de integración regional que facilite la libre movilidad de las personas como se hace pensar. El CA-4 es un tratado que permite la libre movilidad de agentes económicos”.

Desde el punto de vista del investigador y académico, lo que el CA-4 facilita es el paso de comerciantes, turistas o consumidores: “Si usted está en San Salvador y va a Ciudad de Guatemala dice que va a ir a centro comercial, que va a ir a comprar, o va a ir a un concierto o va a ir a tal cosa, le dan una visa para que usted cruce la frontera y regrese con sus maletas llenas de mercancías. Pero no facilita la libre movilidad de trabajadores”.

Morales recuerda que, una vez que viajó en bus desde la capital de El Salvador hasta la capital de Honduras, conoció a varios trabajadores salvadoreños que iban a trabajar en la construcción de edificios y de un centro comercial en Tegucigalpa.

“El único que no iba a trabajar era yo. Y les dije: ‘Bueno, pero entonces ustedes tienen permiso laboral’. ‘No’, me respondieron, ‘vamos de contrabando’”.

Esa realidad, el ir y venir de trabajadores (obreros, técnicos y profesionales), estuvo presente a lo largo del siglo XX, pero el auge de la migración hacia Estados Unidos en los años 70, 80, 90 y subsiguientes. Morales considera que esa migración “opacó cualquier fenómeno regional que tuviera que ver con desplazamiento de trabajadores, con excepción de la migración de Nicaragua hacia Costa Rica”.

En 2011, Morales y otros investigadores de FLACSO usaron el término “migración de relevo”, para referirse a ese ir y venir de trabajadores de uno a otro país de la región.

El académico recuerda: “Nos comenzamos a dar cuenta de que el fenómeno era importante. Había marchantas salvadoreñas que iban a vender a los mercados de Guatemala. Trabajadores agrícolas de Honduras que iban a trabajar a la agricultura y a la construcción en El Salvador. El Salvador se había convertido en algún momento un punto atracción de migrantes, sobre todo hondureños y nicaragüenses”.

Él y sus colegas conocieron casos de salvadoreños que enviaban dinero para que sus familias construyeran casas y quienes las construían, quienes mezclaban el cemento y pegaban los ladrillos, eran los nicaragüenses.

Tras esos hallazgos, Morales recuerda: “Nos dimos a la tarea de proponer en el SICA la aprobación de un tratado que reconociera la movilidad de personas y la movilidad de trabajadores como una dimensión de la integración centroamericana”.

Hubo un momento en el que El Salvador apoyó la iniciativa, en otro momento lo hizo Costa Rica. Sin embargo, no prosperó.

Los obstáculos para lograr que se reconociera la movilidad de personas y trabajadores como parte de la integración del istmo, fueron, según Morales: El desconocimiento de la clase política centroamericana sobre el fenómeno, la falta de voluntad para tratar de entender cuál era la realidad y hacer propuestas; y, en tercer lugar, la renuncia de los estados nacionales integrantes del SICA a ceder en esta materia,  “porque darle competencias al SICA implicaba retroceder o ceder en materia de soberanía nacional”.

Morales explica que en algunos países centroamericanos la migración no es un problema social, ni económico, ni poblacional: “La migración es un problema de seguridad nacional. Sobre todo, eso ocurría fuertemente en Nicaragua y en Guatemala”.

En Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería depende del Ministerio de Gobernación y Policía; en El Salvador del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; en Nicaragua del Ministerio del Interior; en Honduras, el Instituto Nacional de Migración es parte del Gabinete de Seguridad y Defensa; y en Guatemala, el IGM es una autónoma.

Como consecuencia, en Centroamérica no hay una institucionalidad que proteja los derechos de los trabajadores migrantes. Morales dice con cierta dosis de indignación: “No estamos hablando de los trabajadores extrarregionales, estábamos hablando de los trabajadores centroamericanos. No tenemos absolutamente nada que facilite su integración, su acceso al trabajo, el acceso a la documentación”.

Y si se vuelve la mirada a las políticas y leyes nacionales o locales, lo que se encuentra “son dispositivos que establecen formas de disuasión para que no lleguen o para que, si llegan, sea en condiciones precarias, sin protección”.

De esa forma, gran parte de los migrantes intra centroamericanos quedan a merced de la explotación y sobreexplotación laboral, “a veces trata laboral, en condiciones de semiesclavitud”. Todo por no tener documentos que regularicen su condición migratoria.

*Los nombres y apellidos de las personas protagonistas de este reportaje han sido cambiados por su seguridad. Una persona lo solicitó porque recibió amenazas que la llevaron a salir del país al que finalmente ha vuelto. Una familia lo solicitó porque teme ser deportada.

**Este reportaje ha sido realizado con el apoyo de la beca “Historias en Movimiento”, de la Fundación Gabo y Fundación Avina.