Esposada y con la versión latinoamericana de la Biblia de Jerusalén en sus manos, la defensora de derechos humanos y abogada Ruth López fue llevada por varios policías al juzgado, donde se decidió que deberá guardar prisión seis meses mientras continúan las investigaciones.

La escena la hemos visto muchos a través de los videos compartidos en redes sociales. Decenas de periodistas intentan seguir a la defensora y obtener una declaración, pero lo que obtuvieron fueron imágenes que confirman su valentía y una petición muy clara dicha por ella misma: «¡Quiero un juicio público!».

Lo que este grito evidencia, primero, la convicción de Ruth, que no tiene nada que esconder, pero también nos deja la puerta abierta para que, como ciudadanos, analicemos si el caso contra ella tiene un soporte válido. Después de su captura, el aparato fiscal que la busca condenar cambió el delito de peculado a enriquecimiento ilícito, dejando dudas sobre cuáles son los supuestos delitos que ha cometido López. ¿ Lo tienen claro o están buscando acomodarlo?

Lo seguro ahora es que la corrupción ha privado a miles de salvadoreños de agua potable, saneamiento, educación, medicinas y tratamientos médicos. También que hay mucha tela que cortar no sólo de gobiernos anteriores sino también del actual, cuyos funcionarios han sido sancionados por gobiernos extranjeros. En ese sentido, si hay pruebas de enriquecimiento ilícito contra Ruth, como ciudadanos, tenemos derecho a conocerlas cuando la Fiscalía las presente ante los tribunales, ya sea estando presentes en el tribunal o a través de los medios de comunicación, sean estatales o no.

Un juicio público, como el que pidió Ruth, no solo nos garantizaría conocer las pruebas, sino también tener la confianza de que la Fiscalía ha investigado con celeridad el caso y que el juez o jueza que dicte sentencia ha valorado adecuadamente las pruebas.

El juicio de Ruth debe ser público, no solo para que conozcamos la verdad, sino también para que cualquier persona, funcionario, académico, religioso, comerciante o empresario, de llegar a ser sospechoso y acusado de cualquier delito, tenga la certeza de que el suyo será un juicio justo.

En fin, darle un juicio público a Ruth pondrá en qué pensar a quienes dudan que fiscales, jueces y policías actúan sin independencia en El Salvador.