Cholula, La Play FM, Guarajambala, La Savia y Waruguma son cinco radios lideradas por comunidades rurales de Honduras, que nacieron para dar voz a los habitantes de zonas olvidadas por el Estado y amenazadas por los intereses económicos que conllevan la minería metálica, las represas hidroeléctricas y otras industrias extractivas.
Las periodistas francesas Célia Pusset y Marie Aimeé Copleutre visitaron los municipios de El Triunfo, El Progreso, La Esperanza, Choluteca y Trujillo para conocer los logros comunitarios y los obstáculos que enfrentan estas radios.
Lo que descubrieron se presenta en los 5 capítulos de este podcast difundido originalmente en Radio Francia Internacional.
Becas PARIIS, Red Centroamericana de Periodistas y RSF
La huella de la minería en El Corpus, sur de Honduras
Quienes viven en el sur de Honduras son testigos de que ahí donde el extractivismo llega con la promesa de llevar desarrollo, provoca grietas. Las concesiones del sur son el recordatorio más crudo de que ahí donde el oro sale en camiones, el agua es contaminada y las promesas de consulta previa y licencia ambiental se quedan en papeles que nadie hace cumplir.
Cuando quienes habitan las zonas donde esos recursos son extraídos protestan o se oponen a nuevos proyectos de extracción, empiezan las amenazas y la persecución judicial. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) entre 2015 y 2025, recibió 32 quejas presentadas por personas defensoras del territorio por diferentes modalidades violatorias, entre las que la más frecuente ha sido la amenaza de muerte, según datos a los que tuvo acceso Fuera del Camino.
El Congreso Nacional de la República aprobó en febrero del 2025, la Ley Especial para la Protección de Defensoras y Defensores del Ambiente (Decreto Legislativo que reforma y amplía la ley de 2015). Esta norma incluye explícitamente a los defensores ambientales, obliga al Estado a implementar programas de alerta temprana y prevención en zonas de conflicto socioambiental, promueve el reconocimiento de su labor y busca prevenir riesgos. Incluye a periodistas que cubren temas ambientales. Sin embargo, organizaciones como Contra Corriente y la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio la han calificado de “simulación legislativa” o “compromisos a medias”: no adopta el Acuerdo de Escazú, no resuelve el financiamiento del mecanismo y no crea tribunales ambientales especializados.
El Acuerdo de Escazú (ratificado por Honduras en 2022, pero con implementación lenta) es clave: obliga al Estado a proteger a defensores ambientales, garantizar acceso a información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Incluye medidas específicas contra ataques, investigaciones imparciales y sanciones a violaciones. La CIDH y la ONU lo han invocado en casos hondureños para presionar por cumplimiento.
Sin embargo, de las 20 amenazas de muerte por las que se presentaron quejas ante el CONADEH entre 2015 y 2025, solamente un caso ha sido cerrado.
La realidad ambiental
Choluteca no es un paraíso verde. Es un testimonio de resistencia, donde la naturaleza se dobla, pero no se rompe del todo, donde el sol quema para recordar que la vida aquí se gana gota a gota. El departamento respira un aire caliente y polvoriento, con manglares que susurran contra el golfo y sierras que guardan silencio. Pero bajo esa quietud late la amenaza del cambio. Menos lluvia, más calor, ecosistemas que se desplazan o desaparecen. Choluteca, al final, no es sólo geografía: es un recordatorio de que en el trópico seco la abundancia es ilusión y la sequía, la verdad más antigua.
En la zona sur, donde el sol funde la línea transversal del horizonte y el aire caliente se enrosca en los huesos, la defensa del medio ambiente ha dejado de ser una gesta romántica para convertirse en un expediente judicial de alto calibre.
En el departamento de Valle, los casos de judicialización suelen girar en torno a la recuperación de tierras y la defensa de los manglares frente a proyectos extractivos o fotovoltaicos. Criminalización a defensores en zonas como la Península de Zacate Grande quienes han enfrentado décadas de expedientes ensangrentados. Se les acusa de usurpación por defender el acceso a playas.
Península de Zacate Grande está al sur de Honduras. Desde ahí se tiene acceso al Golfo de Fonseca a través de la bahía de San Lorenzo. Imagen de Google Maps
En departamentos donde la pobreza alcanza al 63 % de la población y el corredor seco estrangula la existencia, la tierra es el único asidero. Sin embargo, para los defensores de la península de Zacate Grande o los pescadores que custodian el mangle y las playas, la ley se ha vuelto una geografía fragmentada.
La judicialización en el sur no es un error de cálculo; es una herramienta de control social. Según datos de la International Land Coalition, más de 120 líderes comunitarios en el sur tenían medidas sustitutivas en 2019. No hay un dato actualizado, pero la medida sigue siendo aplicada a decenas de personas, quienes tiene prohibido salir del país, están obligadas a firmar cada viernes ante un juzgado y, sobre todo, han sido despojadas de su derecho a la protesta.
Defensores del ambiente criminalizados
Así lo confirma Abel Pérez, vecino de la península de Zacate Grande, comunidad Playa Blanca. “Actualmente somos cinco personas criminalizadas, somos los únicos que estamos criminalizados después de que había 117 expedientes de criminalización por el delito de usurpación, actualmente solo habemos cinco en proceso, en audiencia y con solicitudes de audiencia, tres mujeres y dos hombres».
Abel Pérez, María Hernández, Oneyda Cardenas, Jessica Cruz, Santos Hernández y Abel Pérez están acusados por los delitos de usurpación por oponerse a la venta de su territorio, un territorio que consideran «ancestral» porque «ha sido de las comunidades”.
Pero esa situación, no solo se vive en Zacate Grande, también ocurre en Namasigüe, como lo testimonia Darwin Pineda, miembro de la Plataforma de Comunidades Afectadas por las Industrias Extractivas en el sur de Honduras. Quien asegura que tuvieron 32 personas criminalizadas por la empresa fotovoltaica Scatec Solar y que ahora son solamente nueve: «No, vamos a reconciliarnos con la empresa porque aquí quien nos ha venido a dañar la estabilidad comunitaria ha sido la empresa fotovoltaica Scatec Solar, aquí en Namasigüe. Estamos hablando de don Leonardo Amador, Marlén Pastrana, Don Erasmo Pastrana, Anselma Escobar, Olga Pastrana, Noesis Gómez, Zulema Mendoza, y una persona que tuvo que salir del país porque fue hostigado y que lo amenazaron a muerte, que fue el compañero Félix Pastrana”.
Un joven descansa bajo la sombra de un jícaro cerca del parque fotovoltaico Los Prados. Foto José Onorio Cruz
Por su parte, Fidelina Pérez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), confirma que los defensores judicializados en el municipio de Namasigüe son ocho y que llevan siete años yendo a firmar a los juzgados, mientras que el proyecto contra el que protestaron “continúa ahí”. Desde MASSVIDA temen que con el actual gobierno se reactiven las acusaciones. El movimiento considera que las empresas fotovoltaicas dañan el medio ambiente y la vida a su alrededor. Eso ha motivado a MASSVIDA a acompañar a las personas que han sido judicializadas. El 4 de enero pasado se cumplieron 10 años desde las primeras protestas y en diciembre se tuvo una audiencia en la que se esperaba que se le suspendiera la medida de ir cada semana a firmar al juzgado.
Pérez explica: “Pretendíamos que se le suspendiera, para que firmaran una vez al mes. Eso más bien nos afectó porque es más fácil ir de Los Prados a Choluteca que ir de Los Prados a Namasigüe, y los trasladaron para Namasigüe que les queda mucho más difícil. Si van para Choluteca solo abordan un bus y para ir para Namasigüe tienen que abordar tres medios de transporte. Entonces, es más difícil ahora”.
Los diferentes conflictos que se han dado en la zona han dejado a las personas defensoras enfrentado la justicia como lo manifiesta, German Chirinos: “El número de defensores se mantiene, la criminalización sí aumentó un poco en el tema de las luchas por el acceso a la tierra de la zona de El Tulito, también hubo un conflicto por parte de las empresas azucareras. Hay tres o cuatro personas en la cárcel”. Chirinos asegura que la minería continúa generando conflictos y que las autoridades “nunca quisieron tomar decisiones contundentes”.
Los habitantes de Choluteca, Namasigüe, El Corpus y El Triunfo enfrentan acusaciones por «usurpación» cada vez que se oponen a la minería y la instalación de plantas fotovoltaicas. Imagen Google Earth
En el caso de la minería en El Corpus y Nacaome, donde hay declaraciones municipales que la prohíben, la explotación continúa. “Nos hemos reunido con todo mundo para evitar que se siga dando esto, pero no hemos podido encontrar a las autoridades para que se pueda aplicar la normativa”, agrega Chirinos.
En San Marcos de Colón, lo que les preocupa es la deforestación, pues el Instituto de Conservación Forestal (ICF) ha autorizado un plan de manejo o de cosecha a la cooperativa El Jicarito y que se está ejecutando “de manera inmisericorde” en el área protegida La Botija. Tanto eso como las concesiones que tienen que ver con las fotovoltaicas, preocupan a quienes integran MASSVIDA.
Pero la criminalización, no sólo se ha venido dando contra los defensores y defensoras del medio ambiente, sino también contra aquellos que trabajan en las Radios Comunitarias, quienes realizan su misión desde una cabina, pero en articulación con las organizaciones comunitarias. Así lo confirma Amada Ponce, Directora de la organización C – Libre: “La criminalización en contra de las radios comunitarias viene por diferentes razones, casi siempre utilizan acusaciones de delitos como usurpación (…). Las querellas que son los delitos de difamación o los conocidos como delitos contra el honor son las formas frecuentes de criminalización a medios comunitarios”.
Ponce agrega que hay estigmatización y sanciones administrativas. Estas tienen que ver con la falta de acceso a frecuencias comunitarias en todo el país. “En Honduras hay cerca de 70 radios comunitarias activas”, explica, “pero menos de 20 tienen regularizada su situación ante CONATEL”.
Debido a eso menos del 30 % de las radios comunitarias operan de forma regular ante el Estado y la normativa no ha cambiado, pese a las recomendaciones de la Relatoría Especiales de Libertad de Opinión y Expresión de la ONU para que esta normativa garantice la plena existencia de los medios comunitarios en el país.
“Existe persecución administrativa, estigmatización. Los actores, generalmente locales o municipales, hablan de que estas radios operan de forma irregular pese a que muchas o la mayoría de ellas están reglamentadas por el convenio 169 de la OIT”, recuerda Ponce.
La injusticia que produce la explotación minera
Choluteca y Valle no son solo departamentos; son una geografía fragmentada donde la vida de un estanquero o un pescador se desdibuja ante el poder de las camaroneras y las plantas solares. El delito favorito que esgrime contra ellos el sistema es la usurpación. Bajo ese cargo, líderes comunitarios son observados con un ojo ceñido y el otro incrustado en la redondez de la mira de los tribunales.
El municipio de El Corpus, en el departamento de Choluteca, sur de Honduras, lleva siglos oliendo a oro y a polvo. Desde la época de la colonia se extrae metal precioso de sus cerros. Se extrajo primero con pico y pala, después con rastras y mercurio, y en las últimas décadas con maquinaria que devora montañas enteras. Pero en el 2026 el aire ya no huele solo a riqueza mineral: huele a traición institucional, a agua enferma y a promesas rotas.
En febrero de 2022 la expresidenta Xiomara Castro firmó el decreto que declaraba a todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto. Un anuncio que sonó a trompetazo de júbilo para las comunidades que durante décadas habían visto sus ríos teñirse de cianuro y mercurio. Sin embargo, en El Corpus la maquinaria pesada nunca paró.
La división es visible y dolorosa. Hay familias que dependen directamente de los jornales que paga la empresa o de la minería artesanal que orbita alrededor. Otros, organizados en Comité Municipal de Defensa de la Naturaleza de El Corpus (Comudenc), llevan años en protestas, bloqueos y denuncias formales. En 2025 las manifestaciones se intensificaron; vecinos cerraron accesos, gritaron consignas contra las concesiones y exigieron el cierre definitivo de operaciones que violan el decreto presidencial de 2022. Pero la maquinaria sigue trabajando.
Dolor ante la destrucción
Gissel Baquedano recuerda con nostalgia cómo era el municipio de El Corpus, mientras ella disfrutaba, siendo niña, las maravillas de su tierra: “Somos un pueblo totalmente minero. Fuimos descubiertos en el año de 1585 precisamente cuando se descubre una veta de oro, un jueves de Corpus Christi y encontraron pequeños fragmentos de oro del tamaño del tamarindo y de ahí cuando Cholula fue nombrado Villa de Jerez de la frontera y Mis Reales Tamarindo. Siempre hemos crecido y vivido con la minería”.
Baquedano recuerda que El Corpus era un pueblo tranquilo, sin conflictos. El clima era fresco, a pesar de que es un municipio del sur de Honduras. La zona siempre ha sido caliente, pero El Corpus era un pueblo muy fresco, al igual que San Marcos de Colón.
Pero la tranquilidad en la que nacían, crecían y vivían los vecinos de este pintoresco municipio de El Corpus se vio interrumpida con la minería.
Baquedano, defensora del ambiente, asegura que con el surgimiento de defensores y defensoras del ambiente la empresa Cerros del Sur ha utilizado diferentes estrategias para dividir la población corpeña: “Hay personas que trabajan en la minería artesanal y en la minería industrial. Hay disputas entre estas personas, ha habido conflictos, porque, aunque son también habitantes del municipio reciben un salario de la empresa minera”.
Según Baquedano, la empresa ha utilizados a quienes se dedican a la minería artesanales en la zona de la Cuculmeca, en la aldea de San Juan Arriba, diciéndoles que quienes se oponen a la empresa minera están en contra total de la minería. “Incluso hubo una manifestación, una marcha el 10 de julio del 2025 convocada por la empresa Cerros del Sur, donde les decían a los artesanales que se tenían que unir porque nosotros queríamos parar la actividad minera dentro de El Corpus Centro”, afirma ella.
En un país donde la pobreza afecta al 64 % de la población (datos oficiales 2023) y la desigualdad medida por el índice de Gini ronda el 0.51, el oro de El Corpus no ha traído prosperidad colectiva. Ha traído fractura social, estrés hídrico que afecta especialmente a las mujeres (quienes cargan con la búsqueda de agua potable cada vez más escasa), y un patrimonio histórico que se hunde centímetro a centímetro.
Instalación minera de Cerros del Sur en El Corpus
Carretera en mal estado en El Corpus.
Las gritas que dejan las excavaciones en El Corpus. Foto cortesía G.B.
El templo católico del año 1600 se agrieta. Las casas se inclinan. Los ríos llevan más arsénico que peces. Y mientras tanto, la empresa sigue extrayendo, las autoridades miran para otro lado y el decreto de 2022 parece un papel mojado guardado en algún cajón de Tegucigalpa.
En El Corpus ya no hay más oro que agua, como se solía decir. Ahora hay más silencio que justicia. Y el silencio de los tribunales tiene como respuesta protestas o derrumbes. Ciudadanos corpeños aseguran que ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo.
El Corpus lleva siglos siendo devorado por su propia riqueza. Desde la colonia, cuando los españoles clavaban picos en los cerros hasta este 2026 que huele a diesel quemado y promesas incumplidas, el oro sigue saliendo, pero el agua ya no. Y el decreto que iba a salvarlo todo —ese papel firmado por Xiomara Castro en febrero de 2022 declarando Honduras libre de minería a cielo abierto— según las organizaciones no se ha cumplido.
Un abuso que motivó a protestar
Baquedano recuerda que en octubre de 2024, vio el video que una amiga compartió en una red social. Las imágenes mostraban una casa muy cerca de la suya, donde estaban trabajando las máquinas de la empresa Cerros del Sur. “Era una de las casas más bonitas que había en nuestro pueblo”, dice.
La casa era conocida porque tenía prácticamente un bosque pequeño en toda su propiedad. “Estaba a escasos metros del parque, eso para mí fue impresionante, (…) Esa noche no dormí, lloré y sentí miedo. ¿Por qué? Porque yo sabía de quién era esa casa. Era de una señora que en mi adolescencia, yo vi cómo luchaba en contra de (la empresa) Cerros del Sur”.
En 2006, Dalila Pinel, la dueña de la casa, presentaba denuncias ante los medios escritos de Honduras. Para 2024, decidió vender su casa. Entonces, Baquedano sintió miedo y pensó: “Aquí esta gente ya nadie la va a poder parar», refiriéndose a la empresa Cerros del Sur. Entonces decidió: “Tengo que hacer algo».
Las consecuencias de defender el territorio
Choluteca y Valle no solo sufren sequías y ríos enfermos, también son territorios donde se criminaliza a quienes se atreven a nombrar los problemas que ahí se enfrentan. Los defensores del medio ambiente terminan en los juzgados por el delito de denunciar lo que todos ven, pero pocos dicen en voz alta.
En abril de 2021, siete defensores ambientales fueron criminalizados por alzar la voz contra la contaminación del río Choluteca. Denunciaron descargas de aguas sucias y desperdicios industriales que envenenaban el cauce —el mismo que riega cultivos y da de beber a comunidades enteras—. La respuesta no fue una investigación seria, fue un proceso penal que los convirtió en acusados en lugar de defensores del medio ambiente.
Amada Ponce, de C – Libre, comenta la experiencia que han tenido como organización: “La mayoría de las agresiones documentadas por C-Libre en los últimos años tienen que ver con la presencia de concesiones extractivas: minería, zonas especiales de desarrollo o presencia de grupos criminales”. Según ella, en estos lugares, zonas que deberían ser protegidas por su riqueza natural, es donde suelen estar las radios comunitarias. Estas se caracterizan por depender de la sostenibilidad de sus voluntarios y de sus propias comunidades y enfrentan situaciones graves.
Cándido Gómez, director de la radio comunitaria Estéreo Namasigüe subraya que han procurado aprender qué es la justicia y cómo deber ser impartida: “Después de tantas audiencias nos preguntamos ‘¿qué investigó este Ministerio Público antes de ir a esa audiencia?’”. Gómez asegura que los acusaban de daño al medio ambiente y a la propiedad privada, presentando evidencia de quemas ocurrida en otros lugares del departamento de Valle.
Fidelina Pérez, coordinadora MASSVIDA, comenta sobre esta realidad que viven las personas defensoras del ambiente: “La empresa privada, hablando de minería y fotovoltaicas, viene ofreciendo muchos beneficios para las comunidades y al final nos damos cuenta que todo es falso (…) Lo que queremos es que antes que se instalen que se nos consulte a las comunidades”.
Darwin Pineda, pertenece a la Plataforma de Comunidades Afectadas por las Industrias Extractivas en el sur de Honduras. Esta organización trabaja desde 1999 con los comités de defensa de la naturaleza (CDN) que fueron organizados en la región sur de Choluteca y Valle con apoyo de la pastoral social Cáritas. Pues ya se escuchaba decir que llegarían muchos proyectos extractivos al sur. Los CDN fueron organizados para poder defender el medio ambiente.
En el sur de Honduras, defender el medio ambiente no es un acto de heroísmo sino una necesidad de quienes viven en la zona. Una necesidad que luego es convertida en un delito que se paga con expedientes, audiencias interminables y el peso de la ley. Así lo afirma Pedro Canales, un defensor de la Península de Zacate Grande, en Amapala, departamento de Valle.
Él recuerda que hasta el año 2000, él y sus vecinos vivían una vida tranquila, “normal”, dedicándose a diferentes actividades. Pero todo cambió cuando el club social Coyolito empezó a crecer y vieron cómo esto afectó sus vidas y su trabajo.
“Hoy en día la faena pesquera no es lo suficiente para el sostén diario de la familia, es decir, nadie puede vivir con 5 libras de pescado que saque al día”, asegura. Canales se involucró tanto en la defensa de los recursos naturales de Zacate Grande que las constantes visitas a juzgados y la preocupación por diferentes demandas y acusaciones deterioraron tanto su salud que desarrolló diabetes.
Pedro Canales aparece en este mural en las instalaciones de la emisora La Voz de Zacate Grande, desde donde él y otras personas de la comunidad denuncian el cierre de los accesos a la playa. Foto / José Onorio Cruz
El CONADEH, en su informe de labores 2025, reconoce que “la combinación de concentración territorial; recurrencia de ataques, hostigamiento y detenciones; presencia de hechos letales; y, señalamiento reiterado de actores estatales (principalmente policiales), configura un riesgo estructural para la defensa de derechos en asuntos agrarios, territoriales y ambientales”.
De las 32 quejas presentadas ante el CONADEH entre 2015 y 2025, 2 de cada 3 fueron presentadas entre 2022 y 2025. La situación de vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente parece tender a agravarse. Mientras los llamados de la ONU y organizaciones locales para derogar el decreto 93-2021, que es utilizado para criminalizar a quienes defienden el territorio y los recursos naturales, siguen sin ser atendidos por el gobierno.
Este trabajo fue realizado para la Red Centroamericana de Periodistas, a través de su programa PARIIS 2026, gracias al apoyo de Reporteros Sin Fronteras y la mentoría editorial de Lilian Martínez.
Dramático. Así describe Iván Solano Leiva el primer caso que atendió personalmente de miasis, una enfermedad parasitaria provocada por la mosca del gusano barrenador, Cochliomyia hominivorax. El epidemiólogo con 36 años de experiencia, y actual presidente del Colegio Médico en El Salvador (COLMED), había visto imágenes de casos, a través de la literatura e Internet, pero nada lo preparó para lo que vio en un paciente de San Salvador Sur.
“No se trataba de una miasis cutánea común, sino cavitaria. Las larvas horadaron (perforaron) el cráneo del paciente y hubo que retirar cientos de gusanos”, narra. El caso que atendió y reportó Solano Leiva en la semana epidemiológica No. 33 (del 10 al 16 de agosto) fue registrado una semana después por el Ministerio de Salud de El Salvador (Minsal) como el quinto caso de miasis en humanos.
En su última infestación por Centroamérica, México y Estados Unidos, los países tardaron 54 años en erradicar el gusano barrenador del ganado, Cochliomyia hominivorax, que se alimenta del tejido de los mamíferos. La erradicación empezó en 1966 en Estados Unidos y terminó en Panamá en 2000, cuando los esfuerzos conjuntos lograron contener la plaga en el Tapón del Darién.
Mosca del gusano barrenador. Imagen cortesía OIRSA
En El Salvador la erradicación ocurrió en 1995. Es por eso que su reaparición ha encendido las alarmas de médicos y pequeños ganaderos que denuncian una respuesta oficial marcada por la opacidad, la falta de una búsqueda activa de casos y la insuficiente información para preparar a la población desde julio de 2023, cuando se conoció el rebrote de miasis por gusano barrenador en Panamá.
La situación no cambia mucho en Honduras, país vecino de El Salvador. En Honduras la enfermedad volvió después de casi 30 años. Acá, las autoridades han delegado toda la responsabilidad a los ganaderos.
Y, en el registro de los contagios en humanos permea el hermetismo, la negligencia y el desconocimiento de los pacientes. En Honduras, además, los médicos se enfrentan a una “mordaza” impuesta por la Secretaría de Salud para evitar que den información de lo que pasa en el Hospital Escuela, el principal centro de atención pública ubicado en la capital, Tegucigalpa.
Para esta investigación se unieron los equipos de MalaYerba, La Astilla y El Heraldo. La alianza periodística recopiló los datos oficiales de los casos registrados en los países de la región centroamericana hasta septiembre de 2025. Dando como resultado que: Panamá reporta 161 casos, Costa Rica 75, Nicaragua 124, Honduras 192, El Salvador 5, Guatemala 94. Siendo El Salvador el único país que mantiene en “bajos” los contagios en humanos por miasis de gusano barrenador.
Pero estas cifras representan una parte de las afectaciones, porque los expertos de ambos países, consultados por esta alianza de medios, aseguran que cada día el subregistro es más evidente.
Honduras también cuenta una historia similar
Concepción Zúniga, epidemiólogo del Hospital Escuela de Tegucigalpa, un centro médico de referencia en Honduras, explica que, hasta inicios de octubre, solo en ese lugar se registraron 157 casos de miasis en humanos.
Desde febrero hasta mediados de agosto de 2025, Honduras reporta 192 casos de gusano barrenador. Sin embargo, existe un subregistro, pues a nivel nacional hay unos 207 afectados, calcula Zúniga.
El experto asegura que «existen altos y bajos» en la curva epidemiológica, no obstante, en los boletines que comparte la Secretaría de Salud hondureña se muestra un desfase en las fechas. El último registro desagregado, pese a las múltiples solicitudes de información realizadas a la Secretaría de Salud, fue del 15 de agosto.
Estos reportes, según Salud, se concentran en los departamentos más poblados (Francisco Morazán y Cortés), pero también en Intibucá. En el caso de la miasis en animales, los departamentos más afectados son Olancho, Choluteca y El Paraíso (el corredor ganadero).El gusano barrenador ha afectado a personas de los 18 departamentos del país. Solo Francisco Morazán, con una población que supera los 1.7 millones de habitantes, concentra el 23% de las personas afectadas en todo el país, es decir, el equivalente a casi 1 de cada 4 casos.
Joel García, etnólogo clínico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que estas cifras muestran los reportes oficiales, pero, como en todos los casos que afectan a grandes poblaciones, existen subregistros. En muchos casos pasan porque desconocen los síntomas de la enfermedad y las personas la confunden con tórsalo.
“Una vez que el gusano barrenador entra a un centro urbano la larva cae al suelo y se convierte en la pupa y luego la mosca pues ya está dentro de la ciudad, busca infectar perros, busca infectar gatos, otros animales que habitan en los centros urbanos. Entonces ahí es más fácil la dispersión de la enfermedad y afectando a la gente que vive en esos sitios”, señala.
Tanto en El Salvador como en Honduras, los especialistas creen que hay más animales afectados, entre ganado, animales domésticos y silvestres. Para este reportaje, se solicitó entrevista el 12 de septiembre y el 23 de octubre con Marcela Marchelli, jefa subregional de salud animal del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), organización con sede central en suelo salvadoreño que lleva los datos actuales de miasis en la región, pero no hubo respuesta.
Casos sin registrar en El Salvador
Entre el 11 y el 17 de mayo, el Ministerio de Salud salvadoreño registró dos casos en personas; entre el 25 y el 31 de mayo, hubo un caso más. La última semana de julio el Minsal sumó un cuarto caso y la tercera semana de agosto un quinto, que provenía de San Salvador Sur y fue atendido por médicos privados.
A los cinco casos reconocidos por el Minsal, médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) suman otros tres, los cuales fueron atendidos en neurocirugía y que no han sido incluidos en el conteo oficial.
“Sabemos que hay un subregistro”, dice contundentemente Rafael Ernesto Aguirre, secretario general del Sindicato salvadoreño de Médicos y Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS). El médico explica que el subregistro que “normalmente» maneja el Ministerio de Salud es de “alrededor del 90 %. Es decir, esto lo pudiéramos multiplicar por nueve… estaríamos hablando de 45 casos a nivel nacional”, sostiene Aguirre.
El Seguro Social ha atendido tres casos en el Hospital General este año, dice Aguirre. Dos de las personas provenían de Santa Ana, al occidente de El Salvador; y una de San Miguel, al oriente. Lo interesante para el médico fue que todas las personas tenían un mismo patrón clínico: cirugías neuroquirúrgicas por tumores de hipófisis. En esos casos, la mosca entró por las fosas nasales y depositó los huevos. Por lo que cuando llegaron al hospital, en palabras de Aguirre, estaban muy afectadas.
También el sector ganadero señala que hay un subregistro de casos en humanos. Mateo Rendón, de la Mesa salvadoreña Agropecuaria Rural e Indígena, sostiene que, además de los casos reconocidos oficialmente, “nosotros conocemos al menos nueve, principalmente en Usulután y San Vicente. Después de mayo, dejaron de dar información”. Rendón advirtió que la falta de coordinación regional, a diferencia de la campaña centroamericana de 1994, ha debilitado la respuesta y que el cambio climático ha favorecido la resistencia de la plaga.
Costos políticos
La falta de una alerta epidemiológica en El Salvador desde el primer caso de miasis en humanos —cuando la enfermedad llevaba 30 años erradicada— es, para los médicos, el origen del subregistro. Para Solano Levia, no emitir la alerta “evidencia un manejo político de la salud pública: se oculta información para evitar costos partidarios”.
El manejo político controla el acceso a la información y la transparencia. Y como resultado, explica Aguirre, se está repitiendo un patrón evidenciado durante la pandemia COVID-19: el cambio de diagnóstico.
Aguirre resalta que eso es manipulación de datos, pues “no sabemos cuántos casos más se están manejando como úlceras, nada más, o se están manejando como pies diabéticos, cuando realmente el diagnóstico principal es una infestación por gusano barrenador”.
Otro factor que incide en el subregistro es un mal diagnóstico. “Al confundir la infestación con úlceras comunes, celulitis o infecciones granulocíticas”, dice Solano Leiva. El médico no deja de criticar que hay un “mal manejo clínico, con tratamientos inadecuados y retraso en la atención”.
Aguirre asegura que el gobierno quiere “minimizar” el impacto real del gusano barrenador. Como ocurrió con el caso de la niña de San Pedro Perulapán, con miasis en la cabeza. Según la publicación de El Diario de Hoy, a la familia de la niña le dijeron que era miasis por gusano barrenador.
Pero el ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo que era por tórsalo, una mosca un poco más grande que la del gusano barrenador y que no ha sido erradicada en Centroamérica. Las lesiones de tórsalo, según los médicos, generalmente tienen solamente una larva, mientras que las lesiones por gusano barrenador tienen muchas. “Nuevamente, los medios se prestan a la desinformación que solo confunde y genera alarmas innecesarias en la población”, escribió el ministro en redes sociales.
¿Pero qué estudio histopatológico se le hizo tanto al gusano como a la niña para poder determinar?, se pregunta Aguirre.“Todas estas cosas son las importantes que deben de aclararse y no minimizarse”, agrega.
La opacidad en el manejo de la información tiene otro efecto en el marco del régimen de excepción establecido desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado por la Asamblea Legislativa más de 40 veces. El régimen de excepción es una de las herramientas promovidas por la gestión Bukele para “controlar” a las pandillas en El Salvador; pero según organizaciones como Amnistía Internacional, es utilizado para “castigar a quienes defienden derechos humanos”.
En ese contexto, las personas viven con el temor de que cualquier declaración sobre deficiencias en los servicios públicos puede desencadenar represalias. Como ejemplo, la mayor parte de médicos, veterinarios, ganaderos y familias afectadas, consultadas para este reportaje, pidieron omitir su nombre para evitar represalias.
En Honduras los pacientes o familiares sí accedieron a hablar, aunque sus testimonios contrastaba con el de las autoridades. Un familiar de una persona que falleció denunció que, cuando el personal de salud miró las larvas, les dijo que lo llevaran a bañar al río. Al consultarle al médico, acepta que sí pidió bañarlo pero no especificó el lugar.
En otro de los casos existe mucha incongruencia de los afectados con los reportes de las autoridades: atención tardía, desconocimiento o un diagnóstico equívoco, así como un tratamiento ambulatorio.
La omisión del MINSAL
En abril de 2025, el Ministerio de Salud de El Salvador emitió los lineamientos técnicos para la atención de miasis de gusano barrenador en humanos. Entre las directrices se establece que la detección y notificación de casos “se realizará vigilancia pasiva en todos los establecimientos del SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud) y colaboradores”.
Solano considera que lo que urgía, desde que se dio el primer caso de miasis en humano, era una búsqueda activa de casos alrededor de los primeros focos de casos en humanos, con equipos de epidemiología, mapeo de riesgos y capacitación intensiva: “No hacer búsqueda activa genera subregistro”. Añadió que en las zonas rurales mucha gente no conoce los signos y síntomas de una miasis, por lo que “no acude a la unidad de salud”.
Aguirre advierte las consecuencias de no haber declarado la alerta luego de detectado el primer caso: “El problema… es el riesgo de subregistro, mal diagnóstico y mal manejo clínico”. Según el médico del ISSS, un mal diagnóstico expone a los pacientes a medicación innecesaria y disminuye las oportunidades de controlar el vector que produce la infección.
Cada semana sin alerta y sin búsqueda activa aumenta la probabilidad de subregistro y de expansión silenciada. El doctor Solano es tajante: “El Ministerio debió declarar la epidemia desde mayo”. Hacerlo ahora podría ayudar, pero no tendría el mismo resultado que haberlo hecho desde el primer caso.
Aguirre coincide con él y pone como ejemplo a Honduras, donde “se manejan cifras reales y se toman políticas para disminuir los casos”. En opinión del médico, lo que se necesita en El Salvador no es “aparentar que ‘no pasa nada’”, sino erradicar la mosca del gusano barrenador y proteger a las personas.
Hasta finales de octubre, El Salvador seguía sin declarar alerta sanitaria por miasis en humanos.
La tardía, insuficiente y opaca reacción del MAG
En julio de 2023, la reaparición de casos de gusano barrenador del ganado en Panamá y su rápida dispersión hacia Costa Rica (julio 2023), Nicaragua (marzo 2024), Honduras (septiembre 2024) alertó a la región centroamericana, México y Estados Unidos.
El 11 de abril de 2024, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador publicó el Acuerdo 39 en el Diario Oficial. El documento contiene el “Estado de alerta zoosanitaria frente al riesgo de introducción y la interacción del gusano barrenador en todo el territorio nacional”. El Salvador se preparaba, entonces, para atender la plaga que se avecinaba.
Pese a las buenas intenciones del MAG, ganaderos, líderes comunitarios y representantes de organizaciones agropecuarias, entrevistados para esta investigación, señalan que la respuesta oficial ha sido tardía, insuficiente y opaca.
Funcionarios del MAG en una inspección. Imagen cortesía OIRSA
A inicios de diciembre de 2024 se registraron los primeros casos de animales infectados en el oriente salvadoreño, según fuentes cercanas al MAG. Y en dos meses se dispersó de Morazán hasta Ahuachapán –de oriente a occidente–, dice Treminio.
La oficina de información y respuesta de Agricultura informó que entre diciembre y el 15 de agosto de 2025, se confirmaron 4,131 casos de gusano barrenador en animales. Los más afectados fueron los perros, con 2,341 casos y el ganado bovino con 1,420.
Los departamentos con mayor impacto en ese período de tiempo fueron San Salvador con 1,089 casos, Morazán con 592 y La Libertad con 571 casos. La evolución mostró un crecimiento acelerado: de apenas dos casos registrados en diciembre a casi mil en mayo y junio, con leve descenso en julio y agosto.
Pese a enfrentarse a un enemigo conocido, a tener cerca de un año y medio para contener el ingreso de la enfermedad; y que ya teniendo la emergencia en su territorio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería “tardó tres meses” en conseguir medicamentos adecuados para contener la plaga, lo que “obligó a los productores a enfrentarla sin insumos básicos”, critica Luis Treminio, presidente de CAMPO, una asociación que agrupa a 15 organizaciones de agricultores y ganaderos.
Y señala que $10 USD para un spray de Barremax —medicamento promovido por el gobierno y fabricado por el laboratorio Labis Vet Pharma— es un costo alto e inaccesible para muchas familias campesinas que apenas tienen una o dos reses. “El gobierno debería donarlo, no venderlo”, sostiene. Para finales de octubre, en algunos agroservicios salvadoreños, el precio de los insumos para atender ganado con gusano barrenador ascendía a los $40 USD por cabeza de ganado, denunció Treminio.
Para este reportaje, se solicitaron el 5 de agosto entrevistas con los titulares de los ministerios de Salud y Agricultura. La responsable de atender las solicitudes de la prensa internacional, Wendy Ramos, dijo que los funcionarios no darían declaraciones. Durante la presentación de Barremax, el 26 de septiembre, MalaYerba le preguntó al viceministro de Agricultura Óscar Domínguez sobre el número de casos, pero ignoró las preguntas de la prensa.
En el terreno, los costos recaen directamente sobre los pequeños productores. Reynaldo Rodríguez, ganadero de San José El Almendro, en Apastepeque, relató que tuvo que gastar diez dólares en un espray del CENTA y hasta recurrir a gasolina y cal, recomendadas por vecinos para salvar a sus vacas. “Para la gente pobre es demasiado caro. Uno hace lo que puede para no perder sus animales, porque de eso vivimos”, explicó.
Las autoridades aseguran que los brotes de miasis en ganado, al menos los reportados en el Bajo Lempa, específicamente en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, ya fueron controlados. El 19 de septiembre, el viceministro de Agricultura aseguró en el marco de una campaña de vacunación con ivermectina en esa zona: “Son casos que ya, sí, los tuvieron en su momento, pero son casos que ya están curados y esto se basa en la estrategia de tres pilares fundamentales: la prevención, el control y la educación”.
Mientras las autoridades aseguran que el rebrote ha sido controlado, al menos el Bajo Lempa, las comunidades rurales no solo se enfrentan al riesgo de pérdidas económicas, sino también a un riesgo de salud pública. Para los productores, la opacidad oficial no solo agrava la crisis sanitaria y agropecuaria, sino que también evidencia la ausencia de una política nacional agropecuaria que trascienda gobiernos y garantice la soberanía alimentaria.
En El Salvador, la vigilancia de los casos en animales depende de los reportes ciudadanos al teléfono 2210-1714 dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Entre enero y agosto de 2024, el MAG recibió 4,260 llamadas sobre casos sospechosos de gusano barrenador, según datos proporcionados por la oficina de Información y Respuesta de ese ministerio. Pero el miedo podría estar motivando a muchos pequeños ganaderos, médicos y veterinarios a no denunciar los casos.
La situación del país vecino
En Honduras, Doña Sebastiana Martínez tiene vacas que le dan leche para el consumo. Cuenta que ella y su familia fueron los que trataron los casos que registraron en sus animales en la comunidad Santiago Apóstol, en Lepaterique, Francisco Morazán, en el centro de Honduras. “Nos costó un mes y medio recuperarlos, a mí no se me saben morir los animales, soy una mujer pobre, pero así vamos batallando y los vemos recuperando», dice.
Según ella, desparasitar a los animales es uno de los métodos más usados para mantenerlos sanos, pero cuando vieron las larvas, sus hijos los inyectaron, les echaron veneno, creolina, y una medicina que describió como hedionda.
Aunque el departamento al que pertenece este sitio está en el centro del país, la comunidad está en un sector remoto, montañoso y prácticamente olvidado por las autoridades del gobierno central. Por esa razón, resulta muy difícil que lleguen los técnicos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).
Cruz González, también ganadero, reconoce el poco alcance del gobierno hondureño en estos casos. Recordó que en los años 70 y 80 utilizaban veneno o remedios caseros, entonces eso es lo que aplican ahora que el gusano barrenador regresó. Las cifras oficiales muestran 2,155 casos en especies afectadas por gusano barrenador hasta agosto de 2025, sin embargo, los mismos entrevistados hablan de un subregistro, principalmente en ganado.
También hay reportes en gatos, cabras, conejos, gallinas y hasta gallos. En total, son al menos 12 las especies afectadas, según los registros oficiales.
El veterinario Omar Gómez confirmó que habían recibido al menos una decena de animales domésticos afectados, principalmente perros.”Es bastante preocupante esta situación, ya que estos animales conviven bastante con nosotros y esta enfermedad es zoonótica, una enfermedad que puede transmitirse a los humanos”, advierte.
Estos casos, mayormente, se concentran en los corredores ganaderos, principalmente en los departamentos de Choluteca, El Paraíso y Olancho, todos fronterizos o cercanos a Nicaragua.
Poca capacidad de respuesta
Senasa había emitido alerta epidemiológica por gusano barrenador en abril. En septiembre se registraron los primeros casos en animales.
Los reportes fueron aumentando considerablemente día con día, acumulando —en un poco más de un año— más de 2,155 animales afectados, principalmente en ganado. A mediados de 2025, Senasa ubicó puestos de control de ganado en los departamentos de Olancho, Colón, Choluteca y El Paraíso.
El ganadero Félix Cruz González, dueño del corral La Bendición, en El Paraíso, al oriente de Honduras, detalló que se revisan heridas y si los animales lleva gusano lo retienen para ponerlo en cuarentena bajo el tratamiento establecido por Senasa y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Sin embargo, las mismas autoridades admiten que no tienen la capacidad de respuesta a nivel nacional.
Ángel Emilio Aguilar, titular de la Senasa, asegura que en Honduras existen entre 1.9 a 2.2 millones de cabezas de ganado que están expuestas porque la enfermedad se sigue propagando por todos los departamentos. El trabajo más práctico es capacitar a los ganaderos, pero tampoco tienen suficiente personal para eso.
“En el país son aproximadamente 100 mil fincas y es imposible llegar a todas, pero sí estamos atendiendo masivamente con capacitaciones y eso se va transmitiendo, cuando un productor le dice al otro, yo te curo el animal, porque una persona aprende y transmite esos conocimientos y así curan a los animales adecuadamente”, sostuvo.El funcionario sostuvo que están trabajando con base a un plan regional, con apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quienes están apoyando financieramente toda la estrategia para tratar de controlar y manejar esta situación en Honduras y otros países de la región.
Un especial periodístico de Mala Yerba, La Astilla y El Heraldoen el marco del programa Acción Climática, financiado por la SIP y la Unesco
