Por: Nathalie Quan, Jovanna García, Magui Medina y Yesica Peña
Edición: José Luis Sanz
—Nosotros producimos los alimentos que comen quienes nos persiguen.
Juan Mendoza tiene alrededor de 55 años y es la principal autoridad ancestral del pueblo de Santiago Atitlán, en Sololá. Sus palabras han sido en realidad otras. “Ajoj nokwankersana queway achnak chuwnak nokctzelaj nokctrebej”, ha dicho en idioma tz’utujil. Sentado a su lado, Diego Petzey, escribano de la cabecera del pueblo y también autoridad ancestral aunque solo tiene 35 años, traduce.
Hemos preguntado a Mendoza por la campaña de terror que la Fiscalía guatemalteca sostiene desde 2023 contra los líderes indígenas que aquel año se lanzaron a las calles para defender los resultados electorales y evitar un golpe de Estado, pero él destaca algo mayor, la paradoja que sostiene un país entero. Guatemala, construida sobre los hombros y el trabajo del 43,75 % de población indígena, sigue marginando a los 22 pueblos mayas, a los xincas y garífunas, y castigando sus luchas políticas.
—El pueblo se levantó no para hacer daño, sino para exigir derechos que les corresponden por ley —dice Mendoza de aquellas protestas que duraron meses—. Y la respuesta del Estado no debería ser la criminalización, pero hay personas encarceladas y perseguidas.
—¿Les persiguen por convocar aquel paro nacional?
—Y porque defendemos el lago Atitlán de la contaminación y los usos ilegales. Primero el Ministerio Público nos prometió apoyo en lo del lago, pero ahora viene con investigaciones, amenazas de captura y allanamientos. Santiago es con 60 mil habitantes el municipio más grande a las orillas del turístico lago Atitlán, paraiso de Instagram y uno de los enclaves más visitados de Guatemala. Pero el pueblo, conocido por sus tradiciones y su veneración a Rilaj Mam, al que los mestizos conocen como Maximón, vive ajeno a los visitantes. Mendoza está sentado frente a un altar en el que se alinean las fuerzas que lo respaldan como máxima autoridad indígena y ancestral: una enorme imagen de vestir de San Sebastián, una figura de San Juan, otra de San Antonio, una virgen de la Asunción, cuatro Cristos con túnicas escarlata y, más importante aún, la Caja Real de Santiago Atitlán. El cofre que guarda los documentos originales que desde 1852, tras los conflictos con el gobierno de Carrera, dan a los tz’utujiles la propiedad de las tierras que ya ocupaban desde hace siglos.
También está el acta que firmó la comunidad entera en 1990 para exigir la expulsión del Ejército. Guatemala aún estaba en guerra civil, y los hombres y mujeres de Santiago Atitlán sacaron de sus tierras a los uniformados que solo diez años antes habían ejecutado el genocidio contra los ixiles a apenas 90 kilómetros de allí.
—Después de años de persecuciones y masacres, el 1 y 2 de diciembre de aquel año ocurrió una de las últimas masacres en el municipio —cuenta Petzey con voz melódica de contador de historias—. El pueblo respondió organizándose en asambleas, recolectando firmas y exigiendo al Estado la salida del Ejército. Rodearon el destacamento durante siete días y se negaron a abastecerlo de alimentos.
—Y funcionó.
—Sí. finalmente, se acordó su retiro. Desde entonces, el Ejército no ha vuelto a ingresar a este territorio.
La gente de Santiago Atitlán lleva en pie de lucha toda su vida.
—Esa memoria sigue viva. Es parte de nuestra identidad —dice Petzey.
Cinco siglos de fuego
Desde que Pedro de Alvarado mandó a quemar vivos a los señores k’iche’ en 1524 y esclavizó a otros líderes de los señoríos maya independientes, la memoria de los pueblos indígenas guatemaltecos ha estado marcada por el castigo, el desplazamiento y la resistencia. “El modelo colonial que habitamos solo nos desea ver, y solo nos acepta, bajo una condición de servidumbre”, dice en presente la antropóloga Aura Cumes, doctora por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de México.
—Se repite en la historia nacional una y otra vez —dice Cumes, que nació en Comalapa, Chimaltenango, y se identifica como activista y académica kaqchikel—. Cuando esa servidumbre se rompe y los pueblos reclaman su libre determinación sobre la tierra y la vida, el Estado activa su herramienta más antigua: la criminalización.
El levantamiento de 1820, en el que Atanasio Tzul y otros líderes asumieron por 28 días el poder político del territorio de Totonicapán y declararon la independencia de España un año antes de que la promulgaran los criollos, fue acallado por la corona con cárcel, tortura de los líderes y el fin del efímero gobierno indígena. Durante la Reforma Liberal de 1871, y un siglo después en el conflicto armado interno, las estrategias de represión fueron la violencia extrema, el castigo colectivo, el secuestro y tortura generalizados, y la violación de mujeres.
Irma Alicia Velásquez Nimatuj, doctora en Antropología por la Universidad de Texas y activista k’iche’ contra el racismo, asegura que hoy la represión viene de los tribunales.
—Estamos viviendo un nuevo colonialismo jurídico —dice—. Se usan las leyes, las cortes y el lenguaje de seguridad para tratar de domesticar a los pueblos indígenas y destruir la única fuerza social que ha demostrado en Guatemala que tiene capacidad real para frenar la restauración autoritaria.
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En la sociedad civil guatemalteca, tanto indígena como ladina, hay consenso en que solo la movilización masiva de los pueblos originarios impidió en 2023 que se anulara ilegalmente los resultados electorales. Dos meses después de la votación, mientras decenas de países y organismos internacionales denunciaban sin resultado los evidentes intentos del Ministerio Público (MP) por evitar la toma de posesión del ganador, Bernardo Arévalo, los 48 Cantones de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá, los grupos ixiles de Nebaj y Chajul, y el Parlamento Xinca decretaron de manera simultánea un paro nacional y se organizaron para cortar carreteras a lo largo y ancho de toda Guatemala. La política y la economía del país se estremecieron. Por 106 días ininterrumpidos, manifestantes pacíficos cercaron la sede del MP. Querían que se respetara la decisión de las urnas y la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
Lograron solo lo primero y Porras, blindada por parte de la élite política tradicional más corrupta, que ha controlado los últimos años la columna vertebral del sistema de Justicia, contraatacó. Al centenar de fiscales, jueces independientes, activistas y periodistas que han enfrentado cárcel o exilio desde la llegada de Porras al cargo en 2018 y el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, se han unido una docena de líderes indígenas forzados a huir del país o encarcelados sin que se conozcan pruebas en su contra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las acciones del MP, a quien acusa de corrupción y falta de independencia, por el uso de “tipos penales ambiguos y desproporcionados”, “abuso de la prisión preventiva” y utilización arbitraria de la reserva de casos. Arévalo ha denunciado públicamente esta persecución como un “ataque contra la democracia”, pero la persecución no ha cesado. Luis Pacheco expresidente de 48 Cantones y viceministro de Desarrollo Sostenible en el gobierno de Arévalo; y Héctor Chaclán, extesorero de 48 cantones, están en prisión desde abril de 2025 bajo cargos de asociación ilícita y terrorismo, por ayudar a convocar el paro. El pasado enero Basilio Puac, exvidepresidente de la organización, fue detenido y acusado de terrorismo por la misma razón.
—Es paradójico. Los mismos pueblos que garantizaron el relevo democrático ahora son tratados como una amenaza —dice Velásquez.
La antropóloga asegura que lo que ha sucedido tras el paro de 2023 no es un error del sistema, sino un patrón cíclico de violencia extrema diseñado para someter moral y políticamente a quienes desafían el orden establecido.
—Es como si estuviéramos regresando a la época del conflicto armado —denuncia—. En el fondo se busca quebrar el tejido comunitario y enviar un mensaje disciplinador al resto de los pueblos y líderes indígenas: participar en política les puede costar la cárcel, la salud y la vida.
Esquivar la injusticia
La oficina de un abogado defensor de autoridades indígenas es itinerante. Juan Castro, integrante del Bufete para Pueblos Indígenas y representante legal, entre otros, de Pacheco y Chaclán, viaja de departamento en departamento para desmantelar lo que él llama “la doctrina de las medias verdades”.
—La estrategia de la fiscalía es simple pero devastadora —dice el abogado—: no mienten sobre los hechos concretos, sino sobre su intención o su naturaleza.
—¿A qué se refiere?
—A que es verdad que hubo protestas en 2023, es verdad que salimos a protestar y a tomar medidas de hecho… Lo que no es verdad es que esos hechos sean un delito.
Para abogados indígenas como él, que es chalchiteko, la labor no termina donde se cierra el Código Penal. Su responsabilidad, dice Castro, “es política”. Debe luchar contra un racismo estructural que observa la vara de mando de los líderes maya con sospecha, y que, según dice, “entiende la organización comunitaria como una amenaza directa a la estabilidad del Estado”.
—El fraude jurídico reside en la etiqueta —apunta—. Lo que para la Constitución es el derecho a la resistencia, para el fiscal es un crimen. No es verdad que se hayan manifestado con el ánimo de causar terror a la población. Dice que su trabajo es “devolver al acto político su naturaleza legal”.
Lucía Xiloj, abogada de Basilio Puac y también parte de la defensa de Pacheco y Chaclán, dice que los cargos penales que el MP está usando, en la práctica, “equiparan la organización social propia de los pueblos indígenas con una asociación ilícita”. La mayoría de acusados enfrentan una batería de cinco delitos: asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, obstrucción a la justicia, terrorismo y sedición. En el caso de Puac, logró que el juez excluyera el cargo de terrorismo pero enfrentará los otros cuatro tipos penales.
—No se busca una sentencia rápida, sino un control que desgaste la moral del procesado y de su comunidad —denuncia la abogada k’iche’—. El objetivo es que la autoridad, aunque libre, viva atada a citaciones y firmas, con su liderazgo neutralizado por la burocracia judicial.
Castro habla de una “criminalización a cuentagotas», y denuncia la filtración selectiva de información sobre supuestas listas de captura bajo reserva. El rumor permanente de que en Guatemala existen hasta 1,200 órdenes de captura firmadas y aún secretas contra todo tipo de actores políticos y sociales, periodistas, abogados, funcionarios, activistas por la transparencia o los derechos humanos, y por supuesto líderes indígenas, opera desde 2023 como un arma de guerra psicológica.
—Hay dos caminos —analiza Castro—. O caemos en el miedo y nos desmovilizamos, o ejercemos algún nivel de respuesta pensada.
Habla de un análisis de riesgo “quirúrgico”. Los abogados deben decidir cuándo la amenaza es real y cuándo es parte de una estrategia del MP para forzar el exilio de voces críticas. «La gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir su vida, no puede estar escondida siempre», dice sobre la imposibilidad de vivir en la clandestinidad permanente.
Lucía Xiloj habla de un nivel de «compromiso real» que desborda el ejercicio tradicional de representación legal. “El acompañamiento es, ante todo, humano”, dice. “Implica escuchar las necesidades, socializar, revisar escenarios con las personas y su comunidad para que las decisiones se tomen en conjunto, aunque se privilegie el interés de las personas procesadas».
Y la criminalización también la alcanza. Xiloj denuncia estigmatización constante en redes sociales y sabe que, por defender a una autoridad indígena, entra en el radar de vigilancia del mismo sistema de represión que trata de combatir.
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Diego Petzey recuerda cuándo se sintió por primera vez perseguido. A finales de 2023 formaba parte del comité que coordinaba las protestas en Santiago Atitlán y daba declaraciones públicas en nombre del colectivo. “Supe que se había abierto un expediente en nuestra contra, por las movilizaciones”, dice. “Y supe también que pronto quedó en pausa porque no había suficientes pruebas para sostenerlo, pero cuando las autoridades ancestrales retomaron visibilidad pública en 2024 el expediente se reactivó y lo fusionaron con nuevas denuncias”.
Se enteró mientras participaba en España en un curso de derechos humanos. —Una fuente del Ejecutivo me llamó para advertirme y decirme que considerara no regresar a Guatemala —revela—. Nos habían reabierto el caso.
—Pero usted volvió.
—Vivir bajo amenaza constante por defender el territorio o la identidad tiene un impacto profundo —reflexiona—. No son solo procesos judiciales. Es un intento sistemático del Estado por despojar a los pueblos de su legitimidad, su memoria histórica y su identidad. Por eso volví.
El joven líder indígena cree que es “evidente” que, cuando se trata de autoridades o líderes indígenas, las resoluciones del Organismo Judicial no se ajustan al derecho. Menos aún a las demandas legítimas de los pueblos y comunidades a las que estos líderes representan.
Pone como ejemplo la audiencia judicial que él mismo y otras autoridades enfrentaron en octubre del año pasado por la decisión de la comunidad de retirar de las aguas del lago Atitlán 235 jaulas ilegales de cultivo de tilapias. Se les acusaba de desobediencia, instigación a delinquir y asociación ilícita. Petzey asegura que casi once mil personas se les unieron en procesión por las calles del municipio, en solidaridad y demostración de fuerza.
La cifra es probablemente exagerada, pero lo que subyace es real: la principal herramienta de respuesta de las comunidades indígenas es la misma que el MP y el actual sistema de Justicia tratan de castigar: la movilización.
—Cuando hay audiencia, la gente deja su trabajo y acude. Esa unidad ha sido nuestra protección —sostiene Petzey—. Aquella vez, la gente cambió la correlación de fuerzas
En aquel caso lograron que la jueza desestimara los cargos por falta de delito, como si por momentos el peso colectivo lograra inclinar esa balanza que en teoría es ciega. Pero él y muchos otros siguen enfrentando campañas de difamación en redes sociales y amenazas directas. En septiembre aparecieron en Santiago Atitlán mantas con amenazas de muerte acompañadas de casquillos de bala. Las denuncias que han presentado no han tenido respuesta de la Fiscalía.
Saben en cambio que existen órdenes de captura y allanamiento contra ellos. “El juez ya las firmó y el Ministerio Público tiene los documentos”, asegura Petzey. “Pero por alguna razón aún no los ejecutan. No sabemos qué están esperando”.
—Imponen miedo —dice Mendoza—, pero el pueblo ha despertado.
—¿Y cómo combaten ese miedo?
—No tememos porque mantenemos comunicación con nuestros ancestros, encendemos velas, agradecemos y pedimos fuerza. Nuestra conexión con la tierra nos da fortaleza..Y porque no estamos haciendo nada ilegal. No estamos pidiendo dinero al Estado ni quitando recursos. Solo exigimos lo que nos corresponde. Mire en cambio a las autoridades de la capital, que siempre aumentan los impuestos y endeudan el país para beneficio propio.
—¿Ha cambiado algo con el gobierno de Arévalo? ¿Se han sentido escuchados? —preguntamos al escribano Petzey.
—En enero de 2025 presentamos una solicitud formal de audiencia en la Secretaría Privada de la Presidencia. Nunca obtuvimos respuesta. Tampoco hemos sido incluidos en espacios de diálogo del Ejecutivo con pueblos indígenas. Eso nos hace pensar que, más allá de quién gobierne, la estructura del Estado mantiene dinámicas de exclusión.
A las orillas del Atitlán, la tensión continúa. Si el MP intenta ejecutar órdenes de captura contra sus líderes, los vecinos han dicho que no lo permitirán, que como en 1990 protegerán su territorio y fronteras. Y que si los fiscales del MP se atreven a entrar a Santiago Atitlán, aunque sea a la fuerza, los vecinos no los dejarán salir.
—La comunidad ha sido clara: si vienen por uno, responden todos —cierra Petzey—. Incluso se ha planteado la expulsión del Ministerio Público del territorio hasta que exista una fiscalía que cumpla su mandato constitucional y no actúe como mecanismo de persecución política.
Quién está detrás de los líderes
El trayecto de Chajul a Nebaj es de unos 45 minutos. Una ruta de curvas y subidas pronunciadas sobre una carretera deteriorada que la alcaldesa Engracia Reina Mendoza conoce bien. Acaba de hacerla para celebrar con otras lideresas ixiles el día de la mujer.
Mendoza tiene 52 años y viste la indumentaria tradicional de Chajul. Sobre su cabeza, los nudos y colores del tocoyal enmarcan sus facciones firmes. Lleva aretes fabricados con monedas de veinticinco centavos, piezas de plata en las que resalta en relieve la efigie de Concepción Ramírez, la mujer Tz’utujil a la que en 1959 una comisión gubernamental consideró la mujer más bella de Santiago Atitlán y convirtió en icono nacional. Sostiene en la mano derecha su vara de mando, validación de su autoridad ancestral y su cargo político como Principal de Chajul, un lugar que antes de ella solo habían ocupado hombres.
Aunque no estamos en su municipio, un mesero del restaurante la reconoce y corre a apagar la música para facilitar la charla.
—Fue la gente. Llegaron a la alcaldía indígena a preguntar qué íbamos a hacer —recuerda.
Ninguna intervención externa, ningún llamado previo de las autoridades ixiles a movilizarse. Fue la urgencia de las mismas comunidades la que en 2023 forzó el consenso entre municipios y con otras organizaciones y etnias del país y detonó el paro nacional.
—Fue la misma presión comunitaria la que hizo que nos pusiéramos de acuerdo —explica—. El movimiento se sostiene con comunidades que coordinan sus propias salidas y se movilizan en grupos compactos. La autoridad indígena es solo un eje que articula la voluntad colectiva.
A su lado, Roselia de León, lideresa de Chajul, amplía la explicación:
—Ya veníamos trabajando juntos desde antes —señala—. Desde el conflicto armado interno, las organizaciones en la región Ixil se han articulado en torno a luchas políticas, conmemoraciones y procesos comunitarios, regionales y nacionales.
—Por eso cuando estalló la crisis por la toma de posesión del nuevo presidente no hubo que inventar una estructura —dice Mendoza—. La red ya existía. Solo tuvimos que activarla.
Explican que cuando varias organizaciones se acercaron a las autoridades ancestrales de Chajul a preguntar cómo apoyar, la respuesta fue: “Acompáñennos a la capital para exigir que se respete el voto”.
—Pero que quede claro: Yo no voté por Bernardo —dice Mendoza—. Y tampoco salimos por él. Salimos por la decisión del pueblo.
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Durante los meses de movilización mantuvieron un monitoreo constante de quiénes integraban las protestas o los retenes en las calles, para identificar presencias ajenas. “Había personas encapuchadas”, denuncia Mendoza. “No sabemos de dónde venían. Buscaban generar conflicto para responsabilizar a las autoridades indígenas”.
De León lo explica desde otro enfoque: “Participar como colectivo es nuestra forma de protegernos”, afirma. Cuando la criminalización busca rostros específicos, la comunidad es un escudo. “Si nos identificamos como un todo evitamos la exposición individual”, aclara. “No pueden señalar a una sola persona cuando es la autoridad completa la que se mueve”.
Pero eso no impidió que Mendoza recibiera audios con amenazas.
—Me llegaron amenazas de números desconocidos —dice—. No sé el origen.
—¿Lo denunció?
—No. Mi familia me pidió que no hiciera nada.
Para la alcaldesa, la seguridad es un asunto que se resuelve en círculos estrechos. Desde que recibió los mensajes, el respaldo que recibe es exclusivamente comunitario y familiar. “Ninguna institución del Estado se ha acercado”, se queja. Y admite que tiene “un poco de temor”. Sabe que su nombre ha circulado en los listados de posibles órdenes de captura.
—Voy a seguir luchando, aunque me puedan encarcelar —dice—. Y si el MP intenta capturar a líderes ixiles, como ha ocurrido en otros lugares, la reacción dependerá de los tiempos. Si llegan de sorpresa, a las seis de la mañana, como regularmente hacen, no se puede hacer mucho. Pero si tenemos información previa, el pueblo puede levantarse.
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En la Alcaldía Indígena de Nebaj las autoridades ancestrales son más cautelosas al hablar de nuevos levantamientos. Hace unas horas que han celebrado una asamblea a puerta cerrada y reconocen que el escenario ha cambiado desde 2023. La movilización sigue siendo una posibilidad, pero no en los mismos términos.
—¿Y qué pasa si nos criminalizan por esto? —reacciona Catarina Terraza cuando le pedimos permiso para tomar una fotografía y anotar los nombres de los presentes.
Es tercera alcaldesa de Nebaj y junto a ella están Gabriel de Paz, primer alcalde; Pedro Pérez Cobo, principal; Vicente Brito, tercer alcalde; y Petrona Guzaro, cuarta alcaldesa. En una sala pequeña, con poca luz y paredes amarillas como las de una escuela, se acomodan y colocan sus varas sobre la mesa de forma ordenada. Tres autoridades ixiles del municipio han tenido que salir del país por miedo a capturas: Diego Ceto, Pablo Ceto y Miguel Ceto. Feliciana Herrera, alcaldesa, ya enfrenta un caso bajo reserva. Todo bajo la sombra de un supuesto listado del MP que nadie ha visto completo.
—Claro que sentimos el miedo. Pero si dejamos de luchar no avanzamos —dice Vicente Brito, y hace referencia a 1936, cuando los siete Principales de Nebaj fueron fusilados.
El pasado define la forma en que entienden la persecución actual. Y su compromiso de lucha.
—La lucha es siempre así —dice el alcalde Gabriel de Paz—. Yo recuerdo mucho que en el tiempo del conflicto sucedía lo mismo. Si no hay masacres o bombardeos, estamos un poco contentos; pero cuando llegan los militares a perseguir y destruir a las comunidades, quedamos tristes. Hoy, estamos tristes.
Y sigue:
—Pero hay que participar hasta ver cómo lograr verdaderamente justicia. Vamos a morir por la verdad y no por ser ladrones. Nuestra región ha padecido mucha persecución. No hay desarrollo, salud ni educación. Ojalá se cumplan las promesas, pero no hay voluntad. Las carreteras están abandonadas desde Quiché hasta Chajul y Cotzal. Las autoridades de la capital hablan de desarrollo, pero nosotros no lo vemos.
El olvido, como la criminalización, acá no se encara como eventual sino como una condición de vida. La exclusión no acaba por un simple cambio de gobierno. Guatemala busca un cambio, pero aún no ha cambiado. Leonel, hijo del exiliado Diego Ceto, tiene 35 años, es delgado y lleva el pelo largo atado en una cola. Ha permanecido callado a un lado toda la conversación pero ahora interviene:
—El apoyo a nuestras luchas y a quienes están perseguidos no viene de estructuras formales sino de redes individuales —dice—. No es mucho dinero, pero nace del corazón y eso importa.
Las autoridades de Nebaj expresan que el futuro pasa por nuevas protestas, pero aclaran que, si tienen que volver a tomar las calles para defender esta democracia que no les sirve, lo harán de forma distinta a 2023. “Hemos gritado y no hemos sido escuchados”, se queja De Paz.
Antes, Engracia Mendoza ha afirmado algo similar. La represión no les frena pero dejó huella:
—Claro que nos volveríamos a mover. Pero esta vez con otra estrategia.
La lucha que nunca acaba
Diego Ceto tiene 66 años y es autoridad indígena ancestral maya ixil e hijo de autoridad ixil y contador del tiempo maya. Tuvo que salir de Guatemala pero desde el exilio sigue tratando de ejercer algunas de sus funciones o de ordenar los esfuerzos de otros desplazados. Las militancias no saben de fronteras.
—Muchos nos cuestionan: ¿por qué defendieron una democracia que no es de ustedes? Y sí, es cierto —dice—, pero vivimos en ese país y lo que decida el Congreso, el organismo judicial o el Ejecutivo afecta a nuestros territorios, a los proyectos de infraestructura y a la vida de nuestra gente. Y ya sabe que no lo hicimos por Arévalo; los personajes pasan, pero los pueblos permanecemos.
Remarca además algo que en el relato presidencialista parece haberse olvidado: con la defensa del voto en 2023 también estaban en juego las alcaldías electas y las diputaciones. Si el MP lograba anular las elecciones, habría repercusiones para toda la infraestructura estatal. Los ixiles también se manifestaron, aclara, cuando pocas semanas antes de la votación el Tribunal Supremo Electoral excluyó a la candidata mam del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Thelma Cabrera. “Desde el inicio dijimos que era el momento de defender el voto ciudadano y que lo haríamos de una manera articulada, organizada y pacífica”, dice. — Por aquello somos más de 200 autoridades perseguidas, y uno de los cinco delitos de los que se nos acusa es que somos terroristas por levantar la voz. Y es porque somos indígenas. También durante la guerra dijeron que éramos subversivos, solo porque levantamos la voz.
Las autoridades maya ixil han logrado en la última década parar tres proyectos de hidroeléctricas en su territorio porque las empresas no hicieron las consultas previas que dicta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ceto también menciona los amparos ganados contra la corrupción local, y el histórico juicio por genocidio que en 2013 condenó al exdictador Efraín Ríos Montt, aunque luego el proceso fuera anulado y repetido.
—Acompañamos a los testigos y se ganó el juicio —dice—. Que luego el sistema de justicia ordinaria lo haya anulado por un asunto de procedimientos no es nuestro problema. Lo importante es que se supo la verdad y que nunca se repita.
Aquel juicio fue un parteaguas en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Despertó un brutal contraataque político y jurídico de las fuerzas más conservadoras del país, que entronca de forma directa con la persecución actual de operadores de justicia, periodistas y líderes sociales, pero hizo también evidente cómo los pueblos maya, con su incesable búsqueda de justicia, han puesto a prueba e intentado consolidar el sistema de justicia que los ignoraba y que ahora los persigue. Los movimientos indígenas llevan décadas construyendo democracia en Guatemala, incluso desde su dignidad de víctimas.
—La criminalización actual busca caras visibles para silenciarlas, y es porque los procesos han demostrado que la organización indígena puede frenar intereses poderosos —afirma Ceto.
—¿Cree que están logrando silenciarlos?
—El sistema nos dio tres caminos: la cárcel, la muerte o el exilio. Estamos lejos, pero el exilio no es la muerte. Y los personajes somos pasajeros, pero las nuevas generaciones tienen la memoria histórica. La lucha continuará en su justo momento, en los diferentes contextos.
—¿Las elecciones de 2027 serán uno de esos momentos?
—Yo sigo aportando porque nuestra idea de lucha no es coyuntural. Lo de 2023 y lo que va a pasar el próximo año, o sea, las elecciones generales, son coyunturales. Nosotros apostamos a un cambio estructural, que ojalá se dé algún día, no sé cuándo. Ojalá a los más jóvenes les toque vivir en un país más democrático, más incluyente, más plural, porque esos somos.
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A esta mujer menuda, de rostro moreno, el exilio le ha dejado un lamento constante por la distancia y una forma calmada de resistir. En la pantalla de la videollamada, iluminado con luz amarilla en una habitación pequeña, su rostro parece cansado.
—Cuando agarraron a Pacheco me avisaron que me cuidara, que estaba en una lista —-dice.
Ha pasado casi un año desde que esta líder indígena dejó su cantón de 3 mil habitantes para resguardarse en una de las metrópolis más grandes del mundo, Ciudad de México. No quiere que se publique su nombre, para evitar represalias contra su familia, que sigue en Guatemala, pero también porque los exiliados, pese a pertenecer a distintas etnias y organizaciones, han decidido hablar con una sola voz grupal. Se hacen llamar “Colectivo de autoridades ancestrales y personalidades mayas en el exilio”.
—Mis abogados me dijeron que cambiara de número de teléfono, que estuviera en casas diferentes. Una autoridad me dijo: “Vete, vete, andá a la embajada mexicana. Ahí te van a echar la mano, porque la presidenta (Claudia Sheinbaum) ya sabe de todo esto” —cuenta.
Por aquellos días su padre se enfrentaba a una cirugía de urgencia y ella llevaba semanas en una casa de seguridad. “Logré verlo en la primera cirugía, pero luego se complicó y tuvo que pasar por otra, y ya no pude verlo”, dice. “Aún me quedé un mes en mi pueblo, pero no en mi casa, porque era peligroso”. Un día llegaron a buscarla. Desde un vehículo extraño alguien anduvo preguntando por ella. Luego dos hombres llegaron a su domicilio. Uno se quedó atrás y el otro tocó el timbre. “Ahí confirmé que eran enviados”, dice.
Pasó varios días en casas de resguardo, casi en encierro. “Me dejaban detrás de tres puertas con llave, y se iban”, recuerda. No dio detalles a su familia. “No me cabía en la cabeza provocar un infarto a mi padre”, dice. Cuando finalmente sucedió, la conversación fue difícil.
—¿Y cuándo vas a regresar? —le preguntaron.
Ella no supo qué responder.
Ha atravesado etapas de depresión, en las que se quedaba en su nueva casa y “comía y dormía, comía y dormía”, relata. El exilio es siempre un castigo físico y el aislamiento fue una losa. Para generar ingresos empezó a vender comida. Chuchitos, paches, enchiladas, bebidas, lo que le pidieran. Comida tradicional guatemalteca. Pero no le alcanza para pagar renta y alimentos. Menos aún para enviar dinero a sus padres, que dependen económicamente de ella y de la solidaridad comunitaria.
—Me desligué un poco —dice de su relación actual con las estructuras de su comunidad—. Ojalá logremos coordinarnos con Guatemala, para apoyar, porque en 2024 nuestras autoridades nos dieron la espalda, vieron intereses personales…
Las autoridades indígenas suelen renovarse cada año. Los y las jóvenes han de comenzar a prestar servicio comunitario, a trabajar ad honorem por el colectivo, al cumplir 18, y el involucramiento ya no cesa nunca. Hasta que al cabo de 10, 15 o 25 años te eligen como autoridad, sin que tú te postules. En los movimientos indígenas guatemaltecos hay liderazgos, pero no candidaturas a liderazgo. Y hay también cismas y tensiones internos. Esta líder exiliada se queja de que en momentos críticos no percibió acciones concretas de sus propias autoridades en favor de los compañeros detenidos o con quienes tuvieron que salir del país.
—Sabemos que los corruptos buscan callarnos para desestabilizar, pero ahora en 2026 ya hay más comunicación —dice—. Nos están respaldando más. Ya saben que estoy fuera y están apoyando a los compañeros, y eso me da fuerza. Ojalá que logremos coordinarnos bien Guatemala y aquí para seguir apoyando.
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Pacheco y Chaclán están sentados en una banca de madera, en un pequeño cuarto multiusos de cuatro metros cuadrados en el que nos hacinamos también cuatro periodistas. La pulcritud de los presos parece un acto de resistencia silenciosa. Junto al cuarto hay un minúsculo baño sin puerta del que llega un hedor inevitable. Ninguno de los dos consulta el reloj que llevan en la muñeca. Como si el tiempo hubiera perdido relevancia desde su detención en abril de 2025.
—Nosotros servimos al pueblo. Estar en la cárcel no es algo a título personal, es servicio comunitario —afirma Luis Pacheco.
Llevan más de un año en el centro de detención preventiva Mariscal Zavala. El expresidente y extesorero de la organización indígena de más peso del país, los 48 Cantones de Totonicapán, comparten una celda separada del resto de presos en la que hay dos camas y una mesa. El 23 de abril de 2025, agentes de la Policía capturaron a ambos y los metieron en una panel blanca para llevarlos a tribunales. El gesto estaba lleno de simbolismo: en los años 80 la Guardia de Hacienda usaba paneles blancas para capturar y desaparecer disidentes como parte de su estrategia de control y limpieza social.
—¿Terrorismo? Fuimos detenidos injustamente por haber defendido un mandato colectivo —asevera Pacheco—. Fue decisión de los pueblos decretar el paro nacional y manifestarse. Si accionamos como asamblea fue frente al secuestro de las papeletas de voto. ¡Los pueblos detuvimos un golpe de Estado!
Héctor Chaclán insiste en dar un marco histórico a su acusación. “El gobierno siempre ha querido reprimir al pueblo indígena”, dice, y remarca que 48 Cantones no nació para este momento, sino que es una estructura ancestral que se reconoce a sí misma en el espejo de levantamientos como el de Atanasio Tzul hace dos siglos.
Mientras dice esto, como escenificando la ironía, entran en el cuarto dos agentes del Sistema Penitenciario con los rostros cubiertos y se colocan junto a los prisioneros para que el equipo de comunicaciones de la institución haga una fotografía. Se escuchan los disparos de la cámara. Dos minutos después, los agentes encapuchados se han retirado en silencio. —No somos los primeros en estas persecuciones —insiste Chaclán—. Esto viene desde aquel levantamiento colonial. Los pueblos indígenas siempre estamos siendo observados.
Trece meses encarcelados pero los dos exdirigentes de los 48 cantones de Totonicapán aún esperan su primera audiencia. Su caso está atrapado en el laberinto judicial del litigio malicioso, donde el uso excesivo de recursos procesales y constantes suspensiones de audiencias prolongan su prisión preventiva sin que el MP haya presentado aún evidencia de delito.
El castigo no es solo psicológico. Pacheco se resiste a contarlo, pero acaba compartiendo que durante el encierro ha perdido dos dientes por el bruxismo y ha perdido el cartílago de las rodillas, además de haber desarrollado una contracción muscular crónica en la espalda. Chaclán evita la pregunta tres veces, y al final explica que tiene problemas en los ojos, ha perdido el oído derecho y también se le han fracturado dos muelas.
—Vamos a demostrar que la dignidad no tiene precio. Hacer el bien cuesta, pero merece la pena —dice Chaclán.
—Están tratando de diluir nuestra organización a través del terror —denuncia Pacheco—. Aquí es donde queda claro quiénes son los terroristas.
Cuentan que para ellos la cárcel, habitualmente considerada una escuela para la delincuencia, está siendo un espacio de educación política a base de lecturas y discusión. Y que piensan salir de allí con la frente en alto.
—A veces dudo si cuando pase todo esto quiero seguir involucrado en la lucha política —dice Pacheco, que aún es viceministro aunque su cargo esté en suspensión por el encierro—. Pero hay que seguir, porque esto que le pasa a Guatemala no se puede curar en cuatro años.
Chaclán coincide:
—Estamos preparados para seguir sirviendo al país.
—¿Cómo, si ya no son autoridad indígena? ¿En candidaturas por algún partido político?
—No —responde tajante Pacheco—. Nosotros en 48 Cantones siempre hemos sido políticos, pero no partidarios. Seguiremos exponiendo casos de persecución e injusticia. Y seguiremos luchando contra la corta memoria de los guatemaltecos.
Este reportaje se realizó como parte del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismos en Centroamérica.
