Desde ahora, en las escuelas salvadoreñas ya no se podrá usar lenguaje inclusivo. Ni “todes”, ni “amigues”, ni siquiera “todos y todas” que se usaba para evitar excluir un género. Una decisión tomada por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador que decidió prohibirlo oficialmente en todo el sistema educativo.

El argumento que han dado es que esas expresiones “no existen en la Real Academia Española”, la institución que vela por «la unidad del idioma español”. Pero lo cierto es que detrás de esa decisión hay algo más que solo reglas gramaticales: una discusión sobre quien define la identidad de otros, quien tiene el poder y si hay o no libertad.

El lenguaje inclusivo es una forma de hablar que intenta nombrar sin excluir. Nació de la idea de que el idioma también puede ser más justo. Por ejemplo, cuando decimos “los alumnos”, pareciera que solo hablamos de hombres. El lenguaje inclusivo busca cambiar eso y que todas las personas se sientan parte, incluso quienes no se identifican solo como hombre o mujer.

Entonces, ¿por qué tanto ruido?

Porque no se trata solo de palabras. Prohibir el lenguaje inclusivo es también una forma de decidir qué identidades pueden existir y cuáles no. Cuando un gobierno dice “no se puede hablar así”, también está diciendo: “lo que dices que eres no cuenta”.

Algunos dicen que el lenguaje inclusivo “deforma” el idioma; otros responden que el idioma cambia todo el tiempo, como cambiamos nosotros. Antes no existían palabras como “selfie” o “streamer”, y ahora nadie las cuestiona.

Al final, esta no es una pelea entre letras, sino entre ideas. Entre quienes creen que el lenguaje debe adaptarse a la realidad y quienes quieren mantenerlo como está.

La Real Academia Española (RAE) no es una policía del idioma. No puede multar, censurar ni castigar a nadie por hablar de cierta forma. Cuando una palabra se vuelve popular y se usa mucho, la Academia termina incluyéndola.

Así entraron palabras que antes no existían oficialmente, como tuit o selfi. Primero la gente las usó, después la RAE las aceptó.

En resumen: el idioma cambia desde la calle, no desde el despacho de un político.