En 2019, Nayib Bukele le hizo la promesa a los votantes que de ganar la presidencia de El Salvador exoneraría del pago de impuestos —incluyendo el IVA — a 100,000 familias en condición de pobreza extrema en el país; traería una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES); revalorizaría el diseño de las escuelas en cinco años y crearía un fondo de becas universitarias llamadas becas “Dalton”, entre otros proyectos detallados su plan “Cuscatlán”. Sin embargo, a meses de finalizar su mandato varias de esas promesas no se han cumplido y otras han quedado a medias.
De los 12 proyectos “insignia” de su Plan Cuscatlán, el primero en incumplirse fue el establecimiento de una comisión de investigación internacional en casos de corrupción e impunidad cometidos en El Salvador. Aunque Bukele trajo la CICIES al país no tardó en sepultarla luego de que la institución avisara a la Fiscalía sobre 12 casos de posible corrupción cometidos por funcionarios de su gobierno. A cuatro años de que el mandatario expulsara la comisión internacional del país, los avances en el combate a la impunidad y la corrupción son pocos.
“Si nos basamos en parámetros objetivos no ha cumplido esta promesa porque uno, no hay una comisión o una instancia independiente que investigue la corrupción. Dos, (Bukele) Tiene a la Fiscalía, pero es su Fiscalía. Tiene a su órgano judicial. Además, los casos de corrupción señalados por la CICIES no llegaron a los tribunales. Lo tercero es que el gobierno está siendo selectivo con la corrupción puesto que hay funcionarios de su gobierno señalados de corrupción que no están siendo investigados”, dijo a La Astilla Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana.
Aunque Bukele anunció en 2023 una “guerra contra la corrupción” y una cárcel para los acusados, ha evitado rendir cuentas al poder Legislativo y a la nación sobre el destino de los fondos con los que ha operado estos años. Asimismo, ha hecho caso omiso a los señalamientos de corrupción hechos por el Departamento de Estado de Estados Unidos a varios de sus funcionarios. Contrario a ello, ha emprendido una fuerte campaña publicitaria en torno a casos de corrupción investigados por la Fiscalía contra opositores políticos.
Otra promesa incumplida por el actual gobierno es la exoneración del pago de los impuestos —incluyendo el IVA— a 100,000 familias salvadoreñas en condición de pobreza. Según lo detalla el Plan Cuscatlán, la promesa iba a ser cumplida con el dinero de los impuestos adeudados por ciudadanos o empresas. Aunque el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía han ejecutado el plan Antievasión con el que aseguran haber recaudado más de $30 millones y haber resuelto más de 200 casos a mediados de este año, el proyecto de exoneración de impuestos no se ha cumplido.
De acuerdo con el economista Rafael Lemus, aunque el gobierno no hubiera ejecutado el plan antievasión fiscal, habría podido cumplir esta promesa, pues la actual recaudación fiscal, es decir, lo que el gobierno percibe en torno al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros, ha incrementado como nunca en la historia.
Según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2022 el gobierno recaudó $6,571 millones en ingresos tributarios; $1,800 más de lo recaudado en gobiernos anteriores.
“Era viable cumplir esa promesa sobre todo en esta coyuntura que le tocó a él (Bukele) donde ha habido una expansión gigantesca de ingresos o de recaudación. Ha subido en casi $2,000 millones la recaudación sin tomar en cuenta lo del año 2023. Entonces, sacrificar $200 millones, que es mucho, seguro es menos lo que hubieran dejado de percibir, era viable”, explicó Lemus a La Astilla.
A criterio del experto, lo que hubiese sido más complejo para el gobierno es lograr que solo las 100,000 familias accedieran al beneficio de la exoneración de los impuestos. Hasta el momento, no hay registro de que la Asamblea Legislativa haya recibido una iniciativa de ley para ello.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, 1.8 millones de salvadoreños viven en condición de pobreza monetaria, es decir, que sus ingresos son insuficientes para sufragar sus gastos.
Varias deudas en educación
En el caso de las promesas sobre mejoras educativas, los «Proyectos Insignia» del Plan Cuscatlán contienen dos: las becas universitarias Roque Dalton y Mi Nueva Escuela, que comprende la remodelación de las escuelas en el país.
El primer proyecto inició hasta 2023 —al filo de que finalice la actual gestión gubernamental— y no bajo los términos que fue prometido.
Según el Plan Cuscatlán, las becas universitarias iban a ser gestionadas por las embajadas de El Salvador en el extranjero; pero de acuerdo a lo anunciado por el gobierno en abril de este año, las becas Dalton han iniciado tras una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con fondos estatales.
Óscar Picardo, académico e investigador, dijo a La Astilla que hay “una gran brecha” entre los planes preelectorales, como el Plan Cuscatlán, y lo que ha sucedido en este periodo presidencial: “Los temas de remodelación (de escuelas) no se dieron. Las escuelas Bitcoin no se construyeron tampoco. Todas las promesas relacionadas a la Universidad de El Salvador, que fueron muchas, tampoco se cumplieron. Se desaparecieron las Becas Fantel y se propusieron las Becas Dalton y, por lo que sabemos, a muchos beneficiarios de estas becas no se les ha cumplido”.
Asimismo, el proyecto Mi Nueva Escuela prometió la “revalorización del diseño de las instalaciones educativas” en los cinco años de gestión de Bukele. También extender la educación a clases extracurriculares, educación desde cero meses y cursos y especializaciones en idiomas y finanzas. Pero en septiembre de 2022, el sentido del programa cambió y Bukele le añadió la remodelación de 5,150 escuelas en cinco años. Esto tras la exposición de varios casos en los que las escuelas públicas se encontraban sin las condiciones mínimas para recibir alumnos.
Aunque el gobierno ha hecho anuncios sobre la construcción de algunas escuelas, la revalorización en el diseño de las aulas propuesto inicialmente, así como extender la educación hasta las especializaciones, no fue concluido. En dos años y medio de gobierno, el Ministerio de Educación solamente había intervenido 999 escuelas, según datos de esa institución enviados mediante solicitud de información a El Diario de Hoy. Y la intervención no fue necesariamente rediseño o remodelación. De acuerdo a lo detallado por el medio impreso, en el listado fueron incluidas escuelas a las que les hicieron mejoras en saneamiento, atención de riesgos y mobiliario nuevo.
De igual manera, las promesas del entonces candidato Bukele a los estudiantes de la Universidad de El Salvador tampoco fueron cumplidas. En 2018, el entonces candidato se comprometió a incrementar el presupuesto de la universidad nacional, a construir residencias para estudiantes y nuevas sedes universitarias en los departamentos de La Unión, Chalatenango, Ahuachapán. Hasta el momento, no hay información pública sobre el cumplimiento de estas promesas.
La paradoja de la inclusión
Otro de los proyectos insignia del Plan Cuscatlán fue la promesa de «Inclusión social para prevenir la violencia» en áreas como educación, arte, deporte, cultura y becas. Sin embargo, contrario a ejecutar proyectos de inclusión social para prevenir la violencia, desde 2022, el gobierno le apostó a un régimen de excepción con el que ya supera los 75,000 capturados acusados de pertenecer a pandillas. Entre estos, más de 7,000 han sido liberados tras no comprobarse su vinculación a estas organizaciones.
De modo que el proyecto propuesto para iniciar en junio de 2019 dio sus primeros pasos hasta noviembre de 2023, al término del mandato de Bukele, cuando la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Ejecutivo, aprobó la creación de la Dirección Nacional de Integración, una institución que pretende ejecutar proyectos de inclusión social a través del Plan Control Territorial. Un proyecto que según la diputada Alexia Rivas no podía ejecutarse sin antes tener “libertad y seguridad”.
Ahora que Bukele se ha inscrito como candidato a la presidencia nuevamente —a pesar de que la Constitución señala la prohibición de una reelección continua—, y que para ello ha nombrado a una designada presidencial, continúa sin haber una respuesta a las promesas inconclusas de su quinquenio.
La Astilla 
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